El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos de la Ley 27.795 referidos a salarios, paritarias y becas estudiantiles.
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra la cautelar que ordena la aplicación de los artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario relacionados con salarios docentes y no docentes, paritarias y becas estudiantiles.
El argumento del tribunal fue que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48. La Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto ni declaró la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o del decreto 759/25.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero luego de marchas universitarias en todo el país, el Congreso insistió con la ley en ambas cámaras. Ante ello, Milei promulgó la ley mediante un decreto en el que sostuvo que no podía cumplirla por falta de fuente de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/25 y forzar la aplicación de la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una cautelar a favor del CIN, argumentando que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves. El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para revertir esa cautelar, pero el tribunal rechazó el recurso.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que la sociedad «nunca renunció a la defensa de la universidad pública». El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro declaró que «la Corte Suprema ha puesto orden en el sistema institucional argentino» y que una ley votada por el Congreso «no se discute, se cumple». Desde Argentina Humana emitieron un comunicado dirigido al Presidente: «Llegó la hora, Milei: cumplí la ley». El Gobierno no emitió declaraciones públicas en las horas inmediatas al fallo.
La cautelar permanece vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo avanza hacia una sentencia de fondo. Si alguna de las partes recurre esa sentencia, la Corte podría pronunciarse sobre si un Poder Ejecutivo puede, mediante un decreto, suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.