Los ministros Guillermo Semhan y Alejandro Chaín encabezaron una charla-taller sobre protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en el Centro de Referencia insular.
Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes se trasladaron el viernes 2 hasta Isla Apipé Grande para encabezar una jornada de trabajo intensivo orientada a proteger los derechos de los sectores vulnerables de la comunidad.
Los ministros de la Corte provincial, Guillermo Semhan y Alejandro Chaín, lideraron la apertura de una charla-taller que busca articular los esfuerzos de las instituciones que intervienen cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentran en peligro.
Bajo el lema «Jañangareko Mitãre», la actividad reunió en el Centro de Referencia insular a referentes locales de las fuerzas de seguridad, la salud, la educación y el área social del municipio. La iniciativa forma parte del programa Justicia y Sociedad Civil y busca reducir las distancias institucionales en una geografía donde el aislamiento, el transporte exclusivamente fluvial y la dispersión comunitaria requieren respuestas estatales coordinadas y rápidas.
Reconocimiento
Durante la apertura del encuentro, las autoridades de la Isla Apipé Grande entregaron una distinción especial al doctor Semhan. El reconocimiento puso en valor la continuidad de las capacitaciones y el compromiso del Poder Judicial por llevar espacios de formación directamente al terreno donde operan los trabajadores sociales, docentes y policías.
La distinción subrayó un aspecto de la política judicial de los últimos años, que consiste en salir de los despachos para conocer los obstáculos que enfrentan las poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos. En este contexto insular, la intervención temprana ante un caso de vulnerabilidad requiere que los efectores públicos compartan un mismo idioma administrativo y legal.
Protocolos claros
El núcleo del encuentro estuvo enfocado en afinar los reflejos institucionales. Los equipos técnicos y los actores locales recibieron capacitación específica para la detección temprana de indicadores de riesgo, abordando problemáticas que van desde la desprotección y el trabajo infantil hasta las agresiones sexuales y el maltrato. El desafío planteado fue unificar los registros y establecer canales de comunicación directos para que ninguna alerta temprana se pierda en la burocracia.
Para lograr esta articulación, los especialistas detallaron el funcionamiento de los circuitos de derivación y los dispositivos municipales vigentes. Se analizó la aplicación de las Medidas Excepcionales de Protección y las Medidas de Protección Integral, evaluando el abordaje territorial que lleva adelante el equipo de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, bajo el paraguas normativo del Acuerdo N° 14/26 del STJ y la Resolución Municipal N° 031/2026.
La estructura de trabajo se completó con la mirada territorial aportada por la secretaria de Acción Social municipal, Dolores Toledo, y la licenciada Norma Beatriz López, encargadas de explicar los alcances de los dispositivos de contención comunales.
Junto a la coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil, Marisa Esther Spagnolo, el equipo consolidó una red interinstitucional, dejando en claro que la protección de la infancia en las zonas de frontera exige un Estado presente, coordinado y en permanente movimiento.