La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) denunció una crisis terminal en el transporte público del interior, atribuida a un desfasaje económico y a la desigualdad en la distribución de subsidios.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado dirigido a los usuarios para explicar los motivos de la disminución de colectivos en las calles. La entidad aseguró que el sector atraviesa un estado de «parálisis inminente debido a un desfasaje económico que hace imposible sostener la operatividad normal de las unidades».
En el documento, la cúpula directiva apuntó contra el «sistema desfinanciado» y subrayó una «desigualdad alarmante en el reparto de subsidios». Denunciaron una falta de federalismo, señalando que mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibe fondos para mantener un boleto de entre $700 y $800, en las provincias el costo real del pasaje ya debería superar los $2.300 para cubrir los gastos.
A esto se suma la falta de transferencias del Gobierno Nacional, al que acusan de adeudar los pagos correspondientes a los «Atributos Sociales» (descuentos de la tarjeta SUBE) de enero, febrero y marzo. Ante la falta de respuesta oficial, la FATAP remarcó que las empresas están financiando con recursos propios los beneficios que otorga el Estado Nacional.
Otro factor agravante es el costo del combustible, que representa un 18% en la fórmula de cálculo del boleto. Los recientes aumentos golpean la estructura de costos y generan una necesidad de ajuste tarifario. Ante esta asfixia financiera, las empresas implementaron medidas de emergencia como la reducción de frecuencias, con recortes de hasta el 40% fuera de los horarios pico, y la suspensión de servicios nocturnos.
La crisis también afecta el pago de salarios, lo que podría derivar en medidas de fuerza gremiales. La FATAP solicitó formalmente al Secretario de Transporte de la Nación la liberación inmediata de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo para un reparto equitativo de los recursos. El comunicado concluye: «Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer».