A través de una resolución, el cuerpo legislativo solicitó un informe detallado al Municipio sobre la gestión y disposición final de los efluentes transportados por camiones atmosféricos, con el objetivo de garantizar el control sanitario y ambiental.
El Concejo Deliberante de Corrientes centró su atención en un eslabón clave de la higiene urbana: la disposición final de los residuos que transportan los camiones atmosféricos. El cuerpo sancionó una resolución que requiere precisiones sobre el tratamiento de estos efluentes, un servicio vital para amplios sectores de la ciudad que aún no tienen conexión a la red cloacal.
La iniciativa busca garantizar un correcto manejo sanitario. Según los fundamentos del proyecto, una gestión deficiente en el desagote de estos residuos representa un riesgo de contaminación para las napas freáticas, los suelos y los cursos de agua de la región. Por ello, los concejales consideran fundamental que estas prácticas se realicen únicamente en lugares habilitados y bajo estrictos controles.
El pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal exige una hoja de ruta clara sobre el manejo de estos desperdicios. Entre los puntos principales, se solicita la ubicación exacta (dirección y coordenadas) de cada punto de descarga, así como la identificación de los organismos responsables de su habilitación.
El proyecto no se limita a un listado de sitios, sino que apunta a una auditoría técnica. Los ediles requieren conocer la capacidad operativa de cada punto, la frecuencia de las descargas y los sistemas de tratamiento que se aplican antes de la disposición final. Asimismo, se busca esclarecer si el Municipio mantiene convenios con empresas privadas o entes provinciales para la gestión de estos lodos.
Uno de los apartados más sensibles de la resolución es el requerimiento de información sobre descargas clandestinas. El Concejo pidió un detalle pormenorizado de las irregularidades detectadas en el último año, incluyendo las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas en los últimos doce meses.
Con esta medida, el cuerpo legislativo apunta a fortalecer la transparencia y el control ciudadano, entendiendo que el acceso a la información pública es una herramienta clave para evitar que el servicio de los camiones atmosféricos derive en un problema de salud pública o en un daño ambiental para la ciudad.