Por orden judicial, se constituyó un espacio de trabajo conjunto entre organismos científicos, estatales y la sociedad civil para definir acciones concretas de reparación ambiental en el arroyo, afectado por obras de dragado.
La Justicia de Corrientes conformó una mesa intersectorial para avanzar en la remediación del Riachuelo, tras los daños ambientales generados por obras de dragado realizadas sin los estudios de impacto correspondientes. La iniciativa fue impulsada por el Juzgado Civil N°8 y reúne a organismos científicos, áreas del Estado y representantes de la sociedad civil en un espacio de trabajo conjunto que buscará definir acciones concretas de reparación.
«Es una instancia inédita en la provincia», aseguró la defensora pública civil Nº 2, Nora Maciel, a Hoja de Ruta. La causa se originó a partir de intervenciones sobre el arroyo que provocaron graves consecuencias: alteración del lecho, pérdida de fauna y flora y destrucción de los bosques de ribera. Según explicó Maciel, en 2022 ya existía una orden judicial que obligaba al Estado a presentar un plan de recomposición ambiental, pero esa medida nunca se cumplió.
El nuevo escenario busca destrabar ese proceso a través de una mesa técnica con participación amplia, integrada por organismos como el ICAA, el Instituto de Biología del Nordeste y el CECOAL, entre otros actores científicos y técnicos.
Qué significa «remediar» un ambiente dañado
Uno de los conceptos centrales del proceso es el de «remediación», que implica intervenir sobre un ecosistema afectado sabiendo que no podrá volver a su estado original. «El ambiente no puede reponerse como si fuera un objeto. No se puede reemplazar lo que se perdió, pero sí mitigar el daño», explicó la funcionaria. En ese sentido, el objetivo será restaurar condiciones ambientales posibles, definiendo qué acciones son viables y en qué zonas deben aplicarse.
Trabajo conjunto y decisiones por consenso
La mesa funcionará con reuniones mensuales y comunicación permanente entre sus integrantes. Tendrá amplias facultades para definir plazos, áreas de intervención y estrategias de acción. Un dato clave es que las decisiones se tomarán por consenso, sin predominio del Estado sobre el resto de los actores, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú. Además, la participación de los organismos es obligatoria, ya que responde a una sentencia judicial firme.
El proceso no solo apunta a reparar un daño ambiental concreto, sino también a generar un precedente en la provincia. «Se está intentando que la ejecución de una sentencia ambiental sea efectivamente la reparación del daño», destacó Maciel.