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César Sotelo revirtió el archivo de la denuncia y dispuso que se investigue como un acto de crueldad animal, aplicando una interpretación amplia de la ley vigente.
El fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, dispuso la reapertura de la investigación por el presunto abuso sexual de una perra rescatada, identificada como «Alita». La resolución revierte la decisión inicial del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 2, Raúl Pasetto, quien había ordenado el archivo de la denuncia contra un vecino del barrio Pirayuí, Adolfo Centurión.
El giro en la causa se produjo tras un pedido de revisión formulado por la abogada Liliana Gómez. El fiscal Pasetto había argumentado originalmente una «atipicidad del hecho» debido a que la zoofilia no se encuentra expresamente establecida en la Ley Nacional N° 14.346 de maltrato animal.
Sin embargo, Sotelo aplicó una «interpretación amplia» de la normativa vigente. El Fiscal General dictaminó que el acto encuadra en el artículo 3, inciso 7 de la ley, el cual considera como acto de crueldad el «lastimar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios (…) por el solo espíritu de perversidad». Según Sotelo, el sometimiento sexual de un animal por parte de un humano es un «claro acto de crueldad» y un tipo penal abierto que no requiere una mención textual específica para ser perseguido penalmente.
El caso tomó relevancia pública tras un operativo municipal en una vivienda del barrio Pirayuí, motivado por la denuncia de una vecina. En el procedimiento participaron la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal y profesionales veterinarios, quienes rescataron a la perra y constataron lesiones derivadas del ultraje.
En su dictamen, el Fiscal General puso especial énfasis en estos daños físicos corroborados por los facultativos, entendiendo que los mismos suponen un sufrimiento del animal que justifica la acción de la Justicia. Hasta el momento de la resolución que archivó la causa, el acusado no había estado detenido.
La decisión inicial de archivar el caso había provocado un fuerte repudio de organizaciones proteccionistas. Con la nueva orden de la Fiscalía General, el Legajo de Investigación Fiscal (LIF) ha sido remitido al fiscal Jorge Antonio Casarotto, al frente de la Ufic N° 9, para continuar con la instrucción del caso bajo la calificación de maltrato o crueldad animal.