El exjefe de la barra brava de Independiente quedó detenido en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. La resolución del juez Gustavo Meirovich detalla el funcionamiento de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y menciona hechos de privación ilegítima de la libertad ocurridos en un inmueble de Avellaneda.
El juez penal económico Gustavo Meirovich procesó con prisión preventiva a Pablo Álvarez, alias Bebote, exlíder de la barra brava del Club Atlético Independiente, por los delitos de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes. La resolución, firmada junto al secretario Damián Mazzucco, también dispuso la prisión preventiva de Raúl Manzone, apodado Bruja, y un embargo de 800 millones de pesos para Álvarez.
Álvarez se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico en el partido de Moreno por otra causa a cargo del fiscal de Avellaneda Mariano Zitto, por intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. Fue detenido en agosto pasado por detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina y actualmente está alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz.
La investigación se inició el 21 de febrero pasado, cuando se secuestraron 11.255 gramos de éxtasis en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el equipaje de un pasajero que había arribado en un vuelo de la línea aérea Level proveniente de Barcelona. El caso quedó radicado en el Juzgado Penal Económico N° 2, entonces a cargo del juez Pablo Yadarola y ahora subrogado por Meirovich, con intervención del fiscal Emilio Guerberoff y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante.
Según la resolución de 109 páginas, la organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala, con objetivos como la importación de MDMA/éxtasis desde Europa y de cocaína desde Bolivia para su distribución y comercialización en el territorio nacional, junto con otras sustancias como tusi, ketamina, marihuana y popper. El magistrado también detalló que la banda diseñó y ejecutó un circuito económico para legitimar los activos generados y financiar sus actividades ilícitas.
La causa menciona hechos de privación ilegítima de la libertad ocurridos en el inmueble denominado Museo Paladar Rojo, ubicado en la calle Ricardo Bochini al 700, a metros del estadio de Independiente. De acuerdo con el expediente, Rodrigo E. fue retenido contra su voluntad, obligado a desnudarse, filmado y fotografiado en calzoncillos mientras estaba arrodillado. La víctima mantenía una deuda por la venta de drogas. El juez Meirovich afirmó que Álvarez tenía conocimiento pleno de estos actos ejecutados dentro de su predio comercial.
El fallo señala que Álvarez operaba como un factor de intimidación, utilizando su figura para garantizar la disciplina interna y cobrar deudas del narcotráfico, e intervenía en la logística vinculada al abastecimiento de cocaína desde Bolivia. Por su parte, Manzone actuaba como adquirente de material estupefaciente con el objetivo de comercializarlo. El magistrado sostuvo que las pruebas reunidas indican que las interacciones de ambos con la estructura delictiva no fueron hechos aislados ni coyunturales, y que la habitualidad de sus comunicaciones encriptadas, el uso del local de Álvarez como base de las actividades ilícitas y la ejecución sistemática de directivas violentas evidencian un pacto criminal estructurado y sostenido en el tiempo.
En su declaración indagatoria, Álvarez afirmó: «Soy inocente, todo esto es un engaño de estos personajes que están presos». Admitió ser propietario de un «museo de camisetas donde funciona una hamburguesería y parrilla» en la calle Ricardo Bochini al 700, que desde 2022 alquila a una empresa llamada Mexpo y que desde octubre pasado no le pagan. Sostuvo que sus únicos ingresos actuales provienen del alquiler de una propiedad en la calle Cabrera, en Palermo, y del alquiler de una antena 4G en el citado museo a una firma que presta servicios a dos compañías de telefonía móvil. «Quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esta organización de drogas y que tomé conocimiento de que algo extraño estaba pasando en mi museo», declaró. En una ampliación posterior, agregó: «Repito que están usando mi nombre para encubrir a los verdaderos organizadores de todo esto».
El juez Meirovich también hizo referencia a que integrantes de la banda «privaron ilegítimamente de la libertad, golpearon, humillaron y extorsionaron a miembros de su propia organización». La resolución indica que la organización habría apelado al empleo de amenazas, coacciones y conductas intimidatorias para perseguir el cobro derivado de la comercialización de sustancias prohibidas.