La Cámara alta reanudó el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo con un dictamen acotado que excluye los capítulos sobre tierras rurales y barrios populares. El proyecto establece un desalojo exprés, modifica plazos para inquilinos y cambios en el régimen de expropiaciones.
El Senado reanudó este jueves el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 27 de marzo y que había quedado en cuarto intermedio el 16 de julio. El presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, habilitó la sesión. La jefa del interbloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó pasar a comisión la autorización para que la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo avanzado, pudiera participar de forma virtual; el pedido fue aprobado casi por unanimidad.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llega con una versión más acotada que la original. Tras negociaciones, el oficialismo retiró los artículos que flexibilizaban la venta de tierras rurales a extranjeros y los que afectaban a barrios populares, capítulos que generaron rechazo de gobernadores aliados y organizaciones sociales.
El texto reforma el régimen de desalojos. Para inmuebles usurpados o con tenedores precarios, el juez podrá ordenar la entrega inmediata cuando el derecho invocado por el propietario sea verosímil y medie caución juratoria. Si el dueño acredita titularidad con prueba documental, se intimará la restitución en un plazo de 72 horas.
Para inquilinos con deudas, el propietario deberá notificar por carta documento o correo electrónico, precisando el lugar de pago, y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar. Si persiste el incumplimiento, la acción de desalojo podrá sustanciarse en diez días hábiles. El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones, aunque puede dejar constancia escrita de deudas pendientes para reclamarlas después. En casos con menores o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo máximo de diez días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública se interpretará de manera restrictiva y que el Estado deberá fundamentar los motivos de cada medida. Fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y define que la tasa de interés combinará el Índice de Precios al Consumidor con la tasa a treinta días del Banco Nación. La transferencia del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado podrá solicitar la posesión anticipada. En caso de discrepancias sobre el valor, el juez podrá pedir dictamen al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Otro capítulo modifica la ley de Manejo del Fuego. Se deroga el artículo que impedía durante 30 años cambiar el uso de superficies agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas afectadas por incendios. Para bosques nativos se mantiene la prohibición de cambio de uso, pero se elimina el plazo de 60 años impulsado por Unión por la Patria en la gestión anterior.
El proyecto habilita la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país y modifica la ley Pierri de regularización dominial, para que familias con posesión pública y continua durante los diez años previos puedan acceder a la escritura de su vivienda única.
La sesión de este jueves se desarrolla en un contexto de tensión política y social. El proyecto acumula cuatro postergaciones desde que obtuvo dictamen a fines de mayo y generó roces internos en el Gobierno por los cambios de redacción. Organizaciones sociales y agrupaciones contra los desalojos anunciaron movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país en rechazo al capítulo de desalojo exprés.