El Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 467/2026 que modifica el proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema. La medida generó el rechazo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), colegios de abogados y organizaciones civiles.
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según el oficialismo, la medida buscaba simplificar trámites, reducir tiempos y agilizar la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal argentina, que alcanza cerca del 30 por ciento.
El decreto modificó los decretos 222 y 588 de 2003, firmados por el entonces presidente Néstor Kirchner. Aquellas normas establecían un plazo de 15 días para que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos presentaran observaciones sobre los candidatos a la Corte Suprema ante el Ministerio de Justicia, antes de que los pliegos fueran enviados al Senado. También incluían criterios de equidad de género, diversidad regional y especialidad jurídica.
El Decreto 467/2026 derogó esos artículos. El Gobierno sostuvo que se trataba de una «duplicación de instancias», dado que el Senado ya realiza audiencias públicas con los candidatos. Críticos señalaron que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Ejecutivo, por lo que la instancia previa de participación ciudadana quedaba eliminada.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), presidida por Emilia Valle, expresó su preocupación mediante una declaración. Afirmó que «cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país». La entidad sostuvo que la integración de la Corte debe basarse en idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica.
Previamente, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, los constitucionalistas Federico Ambroggio y Andrés Gil Domínguez, y un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo ante la Justicia Federal para frenar el decreto. También se pronunció en contra la Asociación Argentina de Juristas.
El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la medida y afirmó que el Decreto 222 «era una anomalía institucional» y que el proceso de transparencia ya existe en las audiencias del Senado.
El debate sobre la integración de la Corte Suprema se inscribe en un contexto de vacantes. Este medio reportó la designación en comisión de Manuel García-Mansilla mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, su posterior rechazo en el Senado por 51 votos contra 20 y su renuncia tras 39 días en el cargo. También registró que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar que le impedía dictar fallos el mismo día del rechazo senatorial. La Corte quedó con tres miembros.
El entonces gobernador Gustavo Valdés había advertido que el 30 por ciento de la Justicia Federal está vacante, lo que genera demoras en el acceso a la Justicia. La propia Corte Suprema, a través de los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti, impulsaba cambios en el sistema de selección para agilizar los nombramientos, desde una perspectiva distinta a la plasmada en el Decreto 467.
Con un amparo judicial en trámite y el rechazo de Jufejus, la suerte del decreto en los tribunales es incierta. El Gobierno presentó la reforma como una medida técnica, mientras que sus críticos sostienen que está en juego el control y la participación ciudadana en la selección de los miembros del máximo tribunal.