Un recorrido por las etapas del abigeato en la provincia, desde el robo de animales hasta la venta al público, con riesgos sanitarios y sanciones económicas.
El flujo de mercadería originada en el abigeato en Corrientes comienza con el movimiento irregular de animales en pie. No es inusual que el ganado sea trasladado en condiciones precarias, como se observó recientemente al descubrirse un toro maniatado oculto en una camioneta, un eslabón que forma parte de redes de robo a gran escala. Para intentar frenar este inicio del circuito, se han impuesto multas de hasta 5 millones de pesos a quienes transporten vacunos sin la documentación que avale su procedencia legal.
Una vez fuera del campo, los animales pasan a manos de organizaciones especializadas en la faena clandestina. En estos centros de procesamiento ilegales, la mercadería pierde todo rastro de higiene y seguridad.
La falta de refrigeración y manejo sanitario adecuado resulta en cargamentos críticos, como el hallazgo de más de 500 kilos de carne en avanzado estado de descomposición que carecían de habilitación. Este tipo de intervenciones representa un golpe directo al circuito del abigeato, ya que corta la cadena de distribución antes de que el producto sea blanqueado en el mercado.
La mercadería se distribuye luego hacia centros urbanos y localidades del interior. Se ha detectado que una parte importante de estos productos no aptos para el consumo termina en las góndolas locales.
Las carnicerías son puntos clave en este esquema, donde se realizan controles preventivos para verificar si la carne exhibida tiene sellos sanitarios o si proviene de la faena ilegal. Se han registrado testimonios donde un carnicero admitió haber comprado carne de origen clandestino para su reventa.
El último tramo del circuito alcanza a los consumidores finales incluso a través de establecimientos de comida. En Ituzaingó, se descubrió que el dueño de un comedor almacenaba 150 kilos de carne clandestina, evidenciando que el producto robado no solo se vende en mostradores, sino que se sirve directamente al público.
Mientras tanto, en rutas estratégicas como la Ruta 5, se sigue el rastro de cargamentos secuestrados para determinar su origen exacto, intentando desarmar esta ruta que pone en jaque la salud de la población.