Un análisis de la evolución del robo de ganado en la provincia revela una transformación hacia bandas armadas, con logística sofisticada, rutas de distribución y presuntas complicidades internas. La respuesta estatal incluye operativos del PRIAR y avances judiciales en causas de alto impacto.
La memoria rural correntina guarda la imagen del peón que faenaba un ternero ajeno para alimentar a su familia. Ese delito, entendido en clave de miseria, ha mutado. En su lugar opera una estructura delictiva que las autoridades describen como una “gran organización criminal”, con etapas, roles, comunicaciones encriptadas y rutas de distribución.
El primer eslabón de la cadena actual es el robo en campo, ejecutado por grupos armados que actúan con coordinación y velocidad. Se han registrado casos donde faenan vacas a plena luz del día y, en algunos episodios, masacran a tiros a varios animales sin aparente fin productivo, como represalia o advertencia.
El segundo eslabón es el transporte. Los animales se movilizan en camionetas, acoplados sin documentación. Se interceptó a un conductor que llevaba un toro maniatado oculto en la caja de su vehículo. Para desalentar este tramo, se impusieron multas de hasta cinco millones de pesos a quienes transporten vacunos sin documentación legal.
El tercer eslabón es la faena clandestina. Una vez fuera del campo, los animales pasan a mataderos ilegales sin refrigeración ni control sanitario. Las fuerzas de seguridad encontraron más de 500 kilos de carne en avanzado estado de descomposición sin documentación que avalara su procedencia.
La sospecha de complicidades internas se documentó en el Paraje Los Vences, donde se dictó el procesamiento de tres civiles y un efectivo policial en una misma causa por robo de ganado. Peones detenidos por faena ilegal resultaron ser empleados contratados para custodiar establecimientos. Las carnicerías son puntos clave en la comercialización ilegal; un comerciante admitió haber comprado carne de origen clandestino para su reventa. En Ituzaingó, el dueño de un comedor almacenaba 150 kilos de carne clandestina.
En Paso de los Libres, sectores de la comunidad reclamaron el traslado de fiscales, con manifestantes que aseguraban que “a los fiscales no les entra bala”. El Ministerio Público Fiscal ordenó dinamizar las causas.
La geografía correntina facilita el abigeato transfronterizo. Bandas de cuatreros brasileños operan en el sur provincial. La Prefectura se tiroteó con una banda de cuatreros brasileños en zona de frontera. Tras operativos, sospechosos huyeron en la costa del Paraná abandonando carne robada en Bella Vista. En La Cruz, delincuentes abandonaron canoas durante los operativos.
En La Cruz, la denominada “Mega Causa” por abigeato avanza con lentitud. Un hito reciente fue la captura del último cabecilla de la banda que operaba en la zona. Se dictaron condenas de cuatro años de prisión para un padre y su hijo, y penas similares para otros imputados por abigeato agravado. Un productor ganadero fue condenado por un fraude que resultó en la desaparición de casi dos mil cabezas de ganado.
El Estado provincial desplegó la Policía de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR). Entre los operativos se cuenta el desbaratamiento de una mega banda en La Cruz, con la recuperación de 80 vacunos robados. En Virasoro se frenó a una organización dedicada al robo de ganado; en San Roque, operativos nocturnos desarticularon otra banda; en Miriñay, se neutralizó una segunda organización. En Curuzú Cuatiá se descubrió una organización liderada por mujeres. En un procedimiento se secuestraron más de 20 teléfonos celulares. Se detectaron delincuentes que vendían carne robada por WhatsApp. Agentes del PRIAR se enfrentaron a situaciones de extrema peligrosidad, incluyendo un tiroteo con cuatreros a caballo y casos donde delincuentes armados atacaron al personal. En San Roque, allanamientos por robo de ganado terminaron con el hallazgo de plantines de marihuana.
En La Cruz, una mega causa llevó al secuestro de casi 250 cabezas de ganado. 65 fueron restituidas a sus propietarios; 198 animales quedaron alojados en la Sociedad Rural de La Cruz y comenzaron a morir por falta de alimento. La situación escaló a escala nacional, con medios como La Nación exponiendo el “letargo judicial” y la inacción del fiscal Facundo Sotelo, quien no autorizaba el traslado a un predio del INTA en Santo Tomé. Tras la muerte de 12 ejemplares y la presión pública, los animales fueron trasladados a un campo del INTA en Santa Úrsula. La diputada Adriana Vidal Domínguez solicitó al Superior Tribunal de Justicia la aplicación de la Ley Nº 5.893 para disponer de 183 animales secuestrados en un allanamiento en Alvear y La Cruz, advirtiendo sobre la muerte de varios ejemplares.
El asesinato del productor Melchor Díaz marcó un antes y un después en la percepción colectiva del problema. Las bandas atacan vacas, búfalos y terneros. En la costa del río Uruguay, acribillaron a dos búfalos.
La carne robada recorre un camino que termina en la mesa del consumidor. La faena clandestina, los intermediarios y las carnicerías que reciben controles preventivos forman parte del circuito. En la Ruta 5 se sigue el rastro de cargamentos secuestrados. El fiscal José Casaré calificó el abigeato como un “flagelo” que requiere un combate frontal e integral.