La diputada provincial del Partido Justicialista, Ana María Gauna, afirmó que la situación social y económica del país es “catastrófica” y que las políticas implementadas en los últimos dos años impactan en la calidad de vida de las familias correntinas.
La diputada provincial del Partido Justicialista, Ana María Marlene Gauna, en declaraciones a EL LIBERTADOR, calificó como «catastrófica» la situación social y económica de la Argentina. La legisladora sostuvo que las políticas implementadas en los últimos dos años han impactado en la calidad de vida de las familias.
Gauna alertó sobre las dificultades crecientes para afrontar gastos básicos como servicios, alimentos y combustibles. Indicó que existe un deterioro de la economía doméstica, acompañado por un aumento del endeudamiento y una pérdida del poder adquisitivo.
La diputada advirtió que el impacto de las medidas nacionales en la provincia de Corrientes se agrava por la dependencia estructural de los recursos coparticipables. Señaló que esta situación limita la capacidad de gestión de municipios y del Gobierno provincial.
Consultada sobre el clima social, Gauna declaró: “Evalúo la situación de la Argentina como catastrófica”. Afirmó que “estamos frente a un Presidente y a un tipo de Gobierno que quieren rifar los destinos de la Patria”. Sostuvo que las políticas aplicadas “no tienen que ver con poder llegar a fin de mes, con poder pagar las cuotas de la luz, con poder sostener los precios del combustible y de los alimentos”.
En relación con las elecciones de 2027, Gauna manifestó que “el justicialismo tiene que nuclear la base opositora en Corrientes y en la Nación”. Señaló que confía en que Axel Kicillof “para 2027 pueda encarar los destinos de la patria”. Aclaró que no está en disonancia con el kirchnerismo, pero que “primero está la realidad de las familias, de los trabajadores y de las trabajadoras”.
Sobre el impacto de las políticas nacionales en la microeconomía regional, Gauna indicó que “Corrientes también es víctima de esta instancia”. Explicó que la provincia se sostiene con la coparticipación federal en un 86 por ciento y que esa coparticipación ha descendido, lo que afecta a municipios y al Gobierno provincial.