Maikon Samuel Viera, acusado de homicidio calificado, fue detenido luego de que la Justicia corrigiera una decisión anterior que lo había dejado en libertad. La fiscalía alertó sobre riesgo de fuga hacia Brasil.
Lo que en Berón de Astrada generó estupor hace apenas dos semanas –la libertad del joven que habría confesado el asesinato de un peón rural– en las últimas horas produjo un giro acorde a lo que la comunidad esperaba: Maikon Samuel Viera fue detenido por una nueva orden judicial y la Policía de la localidad cumplió el mandato.
La fiscal María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N°3, insistió por segunda vez ante la Justicia. Esta vez, la jueza de Garantías María Agostina Falcione, que había tomado la causa, hizo lugar al pedido que originariamente había sido rechazado por la jueza María Cristina Sánchez.
La fiscal González fundamentó su nuevo pedido de detención en algo concreto: el padre de Viera –con quien el joven solía trabajar– habría comenzado a vender sus pertenencias, lo cual sugirió la idea de que podrían regresar al Brasil, de donde ambos serían oriundos. Esa señal, corroborada mediante un informe de sondeo vecinal practicado en el domicilio familiar el pasado jueves 14, fue interpretada como un inminente peligro de fuga que tornaba urgente la medida privativa de libertad.
El pasado jueves arribaron a Berón de Astrada los ex comisarios Acevedo y Ramírez que, bajo la órbita del Ministerio Público, contribuyeron a colectar información que permitió dar certeza respecto a la veracidad de la imputación.
«La detención solicitada se funda no solamente en aquellas serias sospechas de participación, como autor del delito, sino también atendiendo la gravedad del delito que se le atribuye y, dada la pena en expectativa muy alta, existe un inminente peligro de fuga que torna necesaria la inmediata adopción de la medida», señalaron desde Fiscalía.
La acusadora pública sostuvo además que la investigación no está cerrada. Quedan diligencias pendientes cuyos resultados podrían ser decisivos, entre ellas la localización del teléfono celular que la víctima llevaba consigo el día del crimen y que no apareció en la escena, y las pericias sobre los dispositivos ya secuestrados, incluido el del propio sospechoso. La posible obstaculización de esas pesquisas sumó otro argumento a favor de la detención.
Según reconstruyó la Fiscalía, a partir del testimonio de testigos, Viera habría actuado movido por los celos: la mujer que se había distanciado de él –con quien mantuvo una breve relación mientras seguía vinculada a Santa Cruz– le comunicó que no quería continuar viéndolo y que volvería con su concubino. Para cometer el crimen, el joven habría utilizado un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22, el mismo que usaba habitualmente para cazar.
El crimen ocurrió el 29 de abril, cuando Ariel Agustín Santa Cruz, de 38 años, fue hallado sin vida en un sendero rural del paraje Toro Pichay, en inmediaciones de la Ruta Provincial N°15. El cuerpo presentaba signos de tortura y dos impactos de bala en la cabeza. Las sospechas recayeron, desde el primer momento, sobre Viera, un joven de 18 años que convivía en el entorno familiar de la víctima. Pocas horas después de ser aprehendido, habría confesado el crimen ante los investigadores. Sin embargo, la jueza de turno, María Cristina Sánchez, lo dejó en libertad el 30 de abril «por falta de pruebas», decisión que causó conmoción en el pequeño pueblo y encendió el reclamo de la familia de Santa Cruz, que exigía justicia, y que encontró rápido acompañamiento en la comunidad.