En un gesto de cercanía, el Juzgado de Santo Tomé trasladó la notificación de adopción al hogar de una joven de 16 años, garantizando su derecho a vivir en familia tras un proceso iniciado en 2016.
En un hecho cargado de significado humano, el pasado 12 de mayo, en Santo Tomé, la Justicia de Corrientes notificó en su propio domicilio a una adolescente de 16 años la sentencia que formalizó su adopción, garantizando de manera definitiva su derecho a vivir en familia.
La decisión de trasladar el acto de notificación hasta el hogar de la joven respondió a un criterio de cercanía, accesibilidad y tutela judicial efectiva, priorizando un entorno seguro y de confianza para comunicar una resolución trascendental en su vida.
Del acto participaron la jueza interviniente, doctora María Dionicia Zovak; la secretaria actuaria, doctora Verónica García; la asesora de Menores; la abogada del niño, doctora Natalia Muñoz; y representantes de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA) local.
La historia judicial comenzó en 2016, cuando se activaron mecanismos de protección tras conocerse situaciones de vulneración de derechos que afectaban a la adolescente y a su grupo de hermanos. Desde entonces, el proceso estuvo guiado por el principio del interés superior del niño, con especial atención en preservar los vínculos fraternales y respetar la historia personal de cada integrante del grupo familiar.
Debido a su edad y a las particularidades del caso, la adolescente formó parte de una convocatoria pública de adopción, una herramienta destinada a ampliar las posibilidades de encontrar familias para niños, niñas y adolescentes que suelen enfrentar mayores dificultades para concretar un proyecto adoptivo. Ese camino finalmente tuvo un desenlace positivo: la joven fue incorporada a una familia adoptiva dentro de su misma comunidad, favoreciendo así la continuidad de sus vínculos afectivos y su entorno de pertenencia.
La notificación fue realizada en lenguaje claro, asegurando que la adolescente pudiera comprender plenamente el alcance de la resolución y el nuevo escenario jurídico y afectivo que comenzaba. Más allá del acto formal, la intervención reflejó una concepción de justicia cercana, sensible y centrada en las personas, especialmente cuando se trata de adolescentes en situación de vulnerabilidad. La sentencia no solo puso fin a un largo proceso judicial y de protección, sino que marcó el inicio de una nueva etapa de vida, con la garantía efectiva de un derecho fundamental: crecer y desarrollarse en familia.