Un proyecto de ley impulsado por el diputado provincial Hugo Calvano propone reemplazar la antigua figura del «animal-cosa» por un marco integral de cuidado y bienestar, con reformas judiciales clave para que los ejemplares rescatados de maltrato no sean considerados objetos secuestrados.
En la Cámara de Diputados de Corrientes se encuentra en tratamiento un proyecto de ley que promete marcar un antes y un después en la legislación provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica (CC-ARI), Hugo «Cuqui» Calvano, plantea la creación de un Régimen de Protección Animal que abandona definitivamente la visión patrimonialista del Derecho Civil.
El objetivo central de la propuesta es reconocer a los animales no como meros objetos o «cosas», sino como seres vivos dotados de sensibilidad, buscando armonizar la normativa correntina con los estándares éticos, científicos y de jurisprudencia nacional e internacional más avanzados.
La fundamentación del proyecto es contundente respecto de la necesidad de actualizar los conceptos legales vigentes. Calvano explicó que la iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico integral de protección, cuidado y bienestar, fijando principios rectores y deberes para personas humanas y jurídicas.
Al profundizar en los motivos de la reforma, el legislador destacó que «se verifica un cambio de paradigma desde la concepción del animal-cosa al ser sintiente», lo cual implica un reconocimiento de la realidad biológica que, según su óptica, la ley no puede seguir ignorando.
En ese sentido, el texto del expediente sostiene que la categorización de los animales como bienes muebles es «arcaica» y no refleja su capacidad de experimentar sensaciones complejas. El diputado fundamentó la propuesta al subrayar que «la sintiencia implica que los animales pueden experimentar dolor, placer, miedo y angustia, poseyendo además conciencia de sí mismos y de su entorno».
El Expediente Nº 19.910 tomó estado parlamentario en la sesión del último miércoles, donde fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El proyecto se apoya en fallos emblemáticos de la Justicia argentina que ya han receptado esta nueva mirada.
Calvano citó casos que establecieron precedentes fundamentales al reconocer a los animales como «sujetos no humanos de derechos». Uno de los más resonantes es el de la orangutana Sandra, donde la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el interés protegido no es la propiedad de una persona, sino el animal en sí mismo.
Asimismo, el diputado provincial recordó el caso del chimpancé Cecilia en Mendoza, donde la Justicia reafirmó que los animales poseen estatus moral, psíquico y físico. El legislador enfatizó que «la decisión de lo que es considerado superior y lo que es considerado inferior es una construcción social, no es algo dado por la naturaleza».
Bajo esta premisa, el proyecto busca que la ley de Corrientes se convierta en una herramienta para cambiar los modos de actuar sobre la vida de los otros, tanto humanos como no humanos, erradicando relaciones de dominación innecesarias.
La iniciativa intenta subsanar la fragmentación normativa existente. Calvano recordó que, si bien existen leyes como la 14.346 (de malos tratos) o el Programa Nacional de Tenencia Responsable, el enfoque vigente es predominantemente reactivo y punitivo. El legislador correntino remarcó que el sistema actual posee «escasa capacidad preventiva y de abordaje interdisciplinario», además de déficits en la articulación entre distintas jurisdicciones y recursos insuficientes para el rescate y la reubicación de ejemplares.
El proyecto se nutre de una larga tradición que comenzó con Domingo Faustino Sarmiento y su impulso a la primera ley de protección animal en el país, y continuó en 1954 con la sanción de la Ley 14.346. Sin embargo, según lo expuesto por Calvano, «la realidad social contemporánea exige un marco legal que actualice la respuesta estatal, incorporando estándares de bienestar y herramientas de gestión que complementen el régimen penal».
Finalmente, el expediente establece principios de precaución, progresividad y participación social. En la normativa, el diputado indicó que este instrumento moderno pretende promover una sociedad «más responsable».