Dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del jefe de Gabinete declararon este lunes en Comodoro Py. La fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos y verificar la coherencia con la capacidad económica declarada.
La Justicia avanza esta semana con una serie de declaraciones testimoniales en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este lunes, dos mujeres que aparecen como prestamistas en operaciones vinculadas a la adquisición de propiedades por parte del funcionario concurrieron a los tribunales de Comodoro Py. Otras dos testigos están citadas para el jueves.
El foco de la fiscalía está en reconstruir el origen de los fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por las partes involucradas. Una de las declaraciones de hoy corresponde a una prestamista y su hija, ambas integrantes de la fuerza policial.
Las medidas de prueba avanzan con el levantamiento del secreto fiscal y pedidos de información patrimonial a diversos organismos. El objetivo es establecer la trazabilidad del dinero y la lógica financiera de los acuerdos.
Según consta en la causa, las dos mujeres que declararon este lunes aparecen como otorgantes de un crédito en dólares por US$100.000 al funcionario, respaldado con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco, Buenos Aires. La fiscalía analiza si ese préstamo, pactado con una tasa de interés y un esquema de pagos, es coherente con la situación patrimonial de las acreedoras.
Para ello, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información oficial. El propósito es determinar si tenían capacidad económica real para financiar la operación y si los fondos pueden ser trazados de manera consistente.
La segunda parte de la semana estará centrada en otras dos testigos: las mujeres que vendieron un departamento en Caballito a Adorni y que, simultáneamente, quedaron como acreedoras de una hipoteca. La operación incluyó un pago inicial de US$30.000 y un saldo de US$200.000 a cancelar en un año, sin intereses. Este esquema es uno de los puntos que generó dudas en la investigación.
En este caso también se levantó el secreto fiscal y se solicitó información detallada sobre la situación económica de las vendedoras, para verificar si estaban en condiciones de otorgar ese financiamiento. Además, deberán facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares para relevar mensajes, audios, correos y registros de llamadas vinculados a la operación.
Estas testimoniales se inscriben en una investigación más amplia que ya incluyó declaraciones de otros actores, pedidos de documentación y análisis de gastos en dólares. Entre los puntos bajo estudio aparecen pagos vinculados a propiedades, viajes y consumos personales.
La Justicia intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario en los últimos años y analiza la estructura de financiamiento utilizada en la compra de inmuebles, en particular los acuerdos con hipotecas entre privados que no tendrían condiciones habituales de mercado.
El expediente se originó a partir de una denuncia que planteó inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno se rechazan las acusaciones y se sostiene que la situación patrimonial podrá ser aclarada con la información oficial.