Un juez dictó el procesamiento y embargo de bienes de un anestesista y una exresidente, acusados de administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga la sustracción de anestésicos.
El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina «Fini» Lanusse por el delito de administración fraudulenta. La investigación se centra en el robo de medicamentos, específicamente propofol, en el Hospital Italiano de Buenos Aires y su presunto uso en reuniones sociales. A ambos imputados se les prohibió la salida del país y se les impuso un embargo sobre sus bienes por sumas millonarias.
Según la resolución judicial, a Boveri se le aplicó un embargo de 70 millones de pesos, mientras que a Lanusse uno de 30 millones. Además, se les prohibió comunicarse entre sí por un plazo de 90 días mientras avanza la causa.
El expediente se originó a partir de una investigación paralela por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero. Ese caso habría revelado la existencia de robos y consumo de drogas de uso hospitalario en supuestas fiestas clandestinas.
En declaraciones previas ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Lanusse admitió tener problemas de consumo de propofol desde hacía dos años, señalando que era instigada por Boveri. Por su parte, el anestesista reconoció haber drogado a la joven en varias oportunidades, aunque afirmó que fue con su consentimiento y que ella habría sido quien sustrajo los medicamentos.
Personal del hospital, incluido el subjefe de Anestesiología, Juan De Domini, declaró ante la Justicia. Relató que tres residentes afirmaron haber visto a Lanusse en estado de sedación dentro del establecimiento, lo que derivó en una reunión donde la exresidente primero negó los hechos y luego admitió el consumo de propofol sustraído del nosocomio.
Existen versiones no confirmadas oficialmente que mencionan un vínculo sentimental entre los acusados, cuya ruptura podría haber motivado la exposición del caso.