El proyecto para modificar el sistema de concursos judiciales inició su trámite ordinario en el Consejo, generando expectativas y debate sobre su agilidad.
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces comenzó esta semana su camino formal dentro del Consejo de la Magistratura. La iniciativa fue girada a la Comisión de Reglamentación, el primer paso en un trámite que se desarrolla por los cauces ordinarios.
Este tratamiento, sin agilización especial, generó cierto malestar entre sus impulsores, quienes esperaban una recepción más expedita. El proyecto, presentado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ha recibido expresiones de respaldo por su objetivo de limitar la injerencia política y reducir márgenes de arbitrariedad en la designación de magistrados.
La reforma introduce cambios en varias instancias del concurso, pero pone especial foco en recalibrar el peso de las entrevistas personales. Esta etapa ha sido cuestionada por permitir, según Rosenkrantz, «reescribir el orden de mérito» de los candidatos. Un ejemplo reciente de este efecto se observó en el pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro Horacio Rosatti, quien ascendió del cuarto al primer lugar en el ranking tras su entrevista.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no firmó la acordada por presidir también el Consejo donde se debatirá, pero sí participó de su presentación oficial. El nuevo reglamento propone, entre otros puntos, que los concursos se realicen con un banco de preguntas de multiple choice y que las entrevistas personales no puedan otorgar más del 10% de la puntuación total.
«Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados», afirmó Rosenkrantz durante la presentación. Respecto a las entrevistas, señaló que son fuente de quejas entre aspirantes serios y alteran el orden de mérito «sin parámetros claros ni límites cuantitativos».
Desde una de las vocalías de la Corte se manifestó que, si se dilata el tratamiento del proyecto dentro del Consejo, se estaría deshonrando el mandato de su presidente. El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial en el inicio de su trámite.