El histórico fallo judicial que favoreció a la Argentina en el litigio internacional por YPF fue el resultado de una extensa y minuciosa estrategia diplomática desplegada en Washington. Fuentes cercanas al proceso revelaron a Redacción Litoral los detalles de una gestión que combinó argumentos jurídicos sólidos con una activa agenda política en la capital estadounidense.
Una gestión coordinada desde Washington
El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, lideró en terreno una hoja de ruta que involucró a múltiples actores. Su labor se centró en presentar el caso no solo como un conflicto bilateral, sino como un precedente con potenciales repercusiones globales para las empresas norteamericanas. Esta perspectiva logró captar la atención de altos niveles del gobierno de los Estados Unidos.
El trabajo se sustentó en una coordinación constante con equipos técnicos en Buenos Aires, incluyendo la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica. La solidez de los fundamentos jurídicos preparados localmente fue, según los analistas, un pilar indispensable para que la postura argentina fuera considerada seriamente en los foros estadounidenses.
Los actores clave en la administración Trump
Dentro del gobierno estadounidense, dos figuras emergieron como apoyos fundamentales: Michael Kozak, un experto con décadas de experiencia en el Departamento de Estado, y Chris Landau, subsecretario con profundo conocimiento de la región y del sistema financiero. Este «tándem diplomático» facilitó el acceso a instancias decisivas y abogó internamente por el respaldo a la posición argentina.
Las gestiones incluyeron numerosas reuniones, tanto presenciales como virtuales, entre el equipo argentino –integrado también por el subprocurador del Tesoro y abogados externos– y funcionarios del Departamento de Justicia, la Secretaría de Estado y la Casa Blanca. El objetivo era claro: conseguir la intervención formal del Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
La decisión crucial del Departamento de Justicia
El punto de inflexión ocurrió cuando, tras una solicitud expresa de la embajada argentina, el secretario de Estado Marco Rubio avaló las recomendaciones de sus asesores y pidió formalmente al Departamento de Justicia que se presentara ante el tribunal. Esta «amicus curiae» o presentación como amigo de la corte, argumentando a favor de la postura argentina, cambió la dinámica del proceso.
La presencia del gobierno de los Estados Unidos en el expediente fortaleció significativamente los argumentos esgrimidos por la defensa nacional. Poco después, la Corte de Apelaciones suspendió los procesos de «discovery» y desacato que amenazaban a la empresa estatal, allanando el camino para el fallo definitivo favorable emitido a principios de 2026.
Un cierre a un largo litigio
La resolución puso fin a un litigio judicial que se extendió por casi quince años y atravesó cuatro administraciones presidenciales argentinas. Para el gobierno de los Estados Unidos, este apoyo representa un gesto significativo dentro del marco de la relación bilateral, marcando su segundo respaldo público de envergadura en un corto período.
Analistas consultados coinciden en que, más allá de las afinidades políticas entre las administraciones de Milei y Trump, el éxito se basó en una combinación excepcional: una defensa jurídica robusta y una campaña diplomática persistente que supo enmarcar el caso dentro de los intereses estratégicos de Estados Unidos.