Crédito imagen: Daniella Fernández/PDI
Un nuevo capítulo del escándalo golpea a Manuel Adorni: el vuelo a Punta del Este que presentó como privado habría sido financiado por una empresa con contratos con el Estado. En medio del ajuste y el discurso “anticasta” del gobierno de Javier Milei, el caso expone una trama de privilegios, vínculos opacos y posibles conflictos de interés que vuelven a poner en cuestión quiénes se benefician realmente del poder.
El “viaje privado”
Si algo le faltaba al prontuario reciente de Manuel Adorni era sumar un nuevo capítulo a la saga. Y como si se tratara de un programa de acumulación de puntos, el funcionario vuelve a quedar en el centro de la escena: el vuelo a Punta del Este que había intentado presentar como un viaje privado habría sido pagado por una productora con contratos con el Estado. Sí, leyó bien: privado… pero con conexiones públicas.
La información conocida en las últimas horas agrega más condimentos. El vuelo de ida fue pagado por una empresa vinculada al Estado, mientras que el regreso habría sido abonado por otra persona cuyo nombre aún no trascendió. En total, el traslado costó unos 8.000 dólares, el doble de lo que el propio funcionario había declarado inicialmente. Un “error de cálculo” bastante generoso para alguien que venía a dar lecciones de austeridad.
La causa por este viaje, realizado durante los días de carnaval, quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pedido del magistrado, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A. entregó facturas que acreditan un pago de 6.984.180 pesos —equivalentes a unos 4.830 dólares— correspondiente al tramo de ida del 12 de febrero. Según fuentes judiciales, ese monto fue abonado por la productora Grandio Imhouse S.A., reforzando las sospechas sobre los vínculos entre el funcionario y empresas que operan con el Estado.
Pero el escándalo no termina ahí. Mientras intenta explicar quién pagó sus viajes, el exvocero aún debe aclarar por qué no figura en su declaración jurada una casa en un country que estaría a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Una omisión que profundiza las dudas sobre su situación patrimonial y que se suma a una serie de denuncias que ya lo tienen contra las cuerdas.
El mismo espacio político que construyó su identidad denunciando privilegios hoy parece haber fundado su propia versión del club exclusivo. Entre vuelos oficiales con familiares, viajes “privados” financiados por terceros y denuncias patrimoniales en curso, el relato anticasta empieza a hacer agua por todos lados. La casta no desapareció, cambió de marketing.
Este nuevo episodio no aparece en el vacío. Se suma al escándalo del caso $LIBRA, a las denuncias por inconsistencias patrimoniales y a una seguidilla de situaciones donde los límites entre función pública y beneficios privados se desdibujan. Lo que emerge no es un error aislado, sino un patrón que expone cómo se articula el poder con intereses empresariales.
Mientras tanto, el gobierno insiste con el ajuste, recorta presupuesto y exige sacrificios a la población, en nombre de que “no hay plata”. Sin embargo, para algunos funcionarios parece existir otra economía, la de los favores, los contactos y los privilegios, donde los costos no corren por cuenta propia sino por circuitos opacos vinculados al Estado.
Frente a este nuevo escándalo, las preguntas son inevitables. ¿Por qué una empresa contratista del Estado financia viajes de funcionarios? ¿Qué vínculos existen detrás de ese beneficio? ¿Quién controla estas relaciones? Y sobre todo, ¿cuántos casos más funcionan bajo esta misma lógica sin salir a la luz?
Intentar reducir este hecho a una polémica menor es parte del problema. Porque lo que está en juego no es solo un viaje, sino el funcionamiento mismo del poder. Cuando funcionarios reciben beneficios de empresas vinculadas al Estado, lo que se pone en cuestión es la transparencia, la igualdad ante la ley y la posibilidad de control democrático.
No alcanza con explicaciones a medias ni con operaciones mediáticas. Hace falta una investigación independiente, con acceso público a toda la información y con responsabilidades políticas claras, comenzando por Adorni, que ya debería renunciar a su cargo. Porque cuando quienes gobiernan hablan contra los privilegios mientras los practican, ya no estamos frente a una contradicción: estamos frente a un sistema que garantiza negocios para unos pocos y ajuste para las mayorías.