En el penúltimo día de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno consiguió victorias determinantes en el Senado y, además, exhibió un número de voluntades cercano a los dos tercios de los votos de la Cámara. Logró, con una mayoría edificada por los aliados, sancionar la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Fue una jornada marcada por las protestas en las inmediaciones del Congreso que protagonizaron sindicatos y movimientos sociales.
A las 22.35 del viernes, La Libertad Avanza festejó que su texto de modernización laboral, que ataca libertades sindicales de una manera inédita entre otros puntos. Se transformó en ley con 42 sufragios a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
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Al momento de dar su cierre, Patricia Bullrich, la jefa del bloque violeta, prometió que la ley desmontará “un sistema en el que nadie contrata a nadie”.
“La realidad mostró esto: un mercado laboral destruido, con millones de personas fuera de la formalización. Con este proyecto va a haber inversión”, arengó.
También cruzó a los sindicatos, uno de sus enemigos predilectos. Los acusó de ser funcionales al peronismo. “Solo hacen paros cuando no está el PJ. Y acá hacen paro permanentemente, es la lógica del apriete”.
El camino del texto no fue sencillo. Tras obtener la aprobación inicial en el Senado, la propuesta fue girada a la Cámara de Diputados. Recibió respaldo general, pero luego de eliminar el polémico artículo 44 que impulsaba cambios drásticos en las licencias por enfermedad, con reducciones del 75% y 50% del salario ante dolencias que no estuvieran vinculadas con la tarea laboral. Ante el rechazo el oficialismo tuvo que retroceder, aunque Bullrich después dijo que había sido impulsado para evitar otros cambios más importantes, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que cambia drásticamente el sistema de indemnizaciones.
Por la introducción de esas modificaciones en la Cámara Baja, la iniciativa volvió al Senado y se discutió este viernes con saldo positivo para la fuerza violeta. De este modo, se limitan las asambleas gremiales, se considera como “infracción grave” los bloqueos y amplía de forma masiva los “servicios esenciales”, obligando a garantizar entre el 50 % y el 75 % de actividad durante una huelga, lo que limita la expresión de protesta de los trabajadores.
No son los únicos cambios: el texto modifica la base para calcular las indemnizaciones por despido sin causa, autoriza la creación de un banco de horas por acuerdo escrito entre empleador y trabajador para compensar horas extras. Busca disminuir la presión impositiva sobre las empresas.
En el caso de la reforma penal que impulsó el oficialismo, la votación se concretópasadas las 18 horas y contó con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención de la cordobesa Alejandra Vigo. LLA edificó semejante mayoría con el respaldo de radicales, el PRO, el interbloque dialoguista “Impulso País”, cuyo titular Carlos Mauricio “Camau” Espínola visitó la Casa Rosada este viernes por la tarde y en medio del debate. A ellos se sumó la tucumana Sandra Mendoza de Convicción Federal.
El nuevo régimen juvenil, que el Gobierno calificó como “histórico. introduce un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos judiciales diferenciados y un esquema de sanciones que prioriza medidas educativas, tareas comunitarias y mecanismos de reinserción social. A su vez, se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
Ese punto fue destacado por Bullrich en su discurso de cierre previo a la votación y en respuesta a las críticas que lanzó el espacio peronista. “Nuestra ley está del lado del ciudadano, venimos a terminar con una doctrina peligrosa, que es la del delincuente que es víctima del sistema”, disparó la ex ministra de Seguridad como si fuera una candidata. Fue una de las principales promotoras libertarias del texto que se convirtió en ley desde sus tiempos en el gabinete de Javier Milei.
La alocución de la senadora tuvo una particularidad: finalizó con el pedido de un minuto de silencio para las víctimas de delitos. La oposición hizo hincapié en la inconstitucionalidad de la normativa y en los fondos presupuestados que dispone. Son $23.700 millones para las provincias. El chaqueño Jorge Capitanich (PJ) aseguró que serán insuficientes, como remarcó cuando tomó la palabra. Martín Soria (PJ) apuntó a la legalidad del texto. El rionegrino remarcó que “el proyecto sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.