La Cámara de Senadores de la Nación se convirtió este viernes en el epicentro de una jornada que puso a prueba el poder parlamentario de Javier Milei y la capacidad de articulación política del oficialismo gobernante a través de La Libertad Avanza (LLA). En una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche, el oficialismo buscaba consolidar un doble triunfo legislativo que oxigenara la gestión del Presidente.
Al cierre de esta edición, el tablero marcaba un resultado parcial a favor de la Casa Rosada: el Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil, estableciendo así la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, la jornada distaba de haber concluido, ya que el debate por la ambiciosa reforma laboral se mantenía estancado en un cruce de cuestionamientos y negociaciones de último minuto, impidiendo una resolución inmediata.
EL 1 A 0
El primer hito de la jornada se alcanzó pasadas las 19.30, cuando el cuerpo legislativo aprobó (con 44 votos a favor, 27 en contra y una sola abstención) el proyecto que surgió del Ministerio de Seguridad, cuya titular era la actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.
La iniciativa, que ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados, ahora espera la reglamentación del Ejecutivo para su entrada en vigencia. La atmósfera en el recinto estuvo cargada de simbolismo, especialmente por la presencia de Bullrich, quien celebró la sanción como un logro personal y político en su estrategia de seguridad nacional.
UN NUEVO PARADIGMA PENAL PARA MENORES
Durante la defensa del proyecto, Bullrich mantuvo un tono firme y confrontativo. Al argumentar la necesidad de la norma, la exministra sostuvo que el Estado no podía seguir mirando para otro lado frente al delito juvenil. “No importa la edad que tengan los delincuentes; importa el delito”, sentenció, al tiempo que remarcó que el modelo anterior se encontraba agotado por dejar en la indefensión a las familias de las víctimas. En su alocución, la legisladora enfatizó en que “la impunidad no educa” y que el lugar del delincuente debe ser el que la pena le asigne, sin excepciones por franja etaria en casos de gravedad extrema.
El cierre de su intervención fue uno de los momentos más tensos de la tarde. Bullrich vinculó la votación con una lucha cultural contra el pasado, al manifestar que se estaba cambiando la historia de la Argentina frente a lo que denominó “el batallón militante”. Tras sus palabras, solicitó un minuto de silencio por las víctimas, gesto que obligó a todo el bloque oficialista y aliado a ponerse de pie. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que la senadora no tenía facultades para imponer dicha acción, el silencio terminó por apoderarse del recinto ante la mirada absorta de los legisladores de la oposición.
FONDOS E INFRAESTRUCTURA
Desde la vereda del peronismo, el rechazo fue tajante. Los legisladores de la oposición centraron sus críticas en el carácter exclusivamente punitivo de la ley, al advertir que la norma carece de un acompañamiento integral para las infancias. Sin embargo, el eje más conflictivo fue el presupuestario. Según la norma, se destinarán 23.700 millones de pesos para que las provincias implementen el sistema, una cifra que los especialistas consideran insuficiente.
El senador Jorge Coqui Capitanich (PJ), recurrió a los datos del Servicio Penitenciario Federal para ilustrar la inviabilidad del proyecto. Al explicar que el costo del m2 de construcción asciende a 3,2 millones de pesos, el legislador chaqueño precisó que el presupuesto apenas alcanzaría para construir unos 300 m2 por cada distrito. “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, advirtió.
La réplica oficialista no tardó en llegar a través de Luis Juez. El senador, ahora integrado plenamente a la estrategia de LLA, acusó al peronismo de actuar con “hipocresía e ignorancia”. Respecto de la cuestión financiera, Juez sugirió que las provincias podrían costear la seguridad si decidiesen reasignar fondos de publicidad oficial: “A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, disparó el legislador cordobés.
UNA JORNADA CON FINAL ABIERTO
Mientras el festejo oficialista por la ley penal aún resonaba, la atención se desplazó hacia el complejo paquete de la reforma laboral. Al cierre de esta edición, el debate ingresaba en su fase más crítica, con un proyecto que busca modificar las bases de la contratación en el país.
El esquema propone un nuevo cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa, donde solo se tomaría en cuenta la remuneración mensual y habitual, al excluir del cálculo el aguinaldo y las vacaciones.
Además, se contempla la actualización de créditos laborales basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3 por ciento anual.
La iniciativa también introduce la figura del banco de horas, que permitiría compensar horas extras mediante acuerdos escritos, y amplía el período de prueba a seis meses de manera general, pudiendo alcanzar los ocho meses en pequeñas empresas.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia sindical es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con contribuciones mensuales de los empleadores, y la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan fondos de cese laboral similares al sistema de la construcción.
Finalmente, el proyecto busca eliminar las multas por trabajo no registrado para reemplazarlas por un sistema de incentivos a la regularización.
Con respecto a la presión impositiva, se prevé una reducción de las contribuciones patronales de hasta 2,5 puntos para las pymes.
Así, al cierre de esta edición, la incertidumbre reinaba en los pasillos del Senado, donde el Presidente, a través de los representantes parlamentarios de su espacio, intentaba asegurar los votos necesarios para no terminar la jornada con un sabor agridulce, al buscar ese ansiado 2-0 que ratifique su poder de fuego en el Congreso nacional.