Tres mujeres continuarán detenidas en el penal de Olmos, luego de que se les rechazó el pedido de excarcelación, acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones y uno de ellos fue el soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos.
La banda estaba integrada, además, por otros tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otras personas que aún no fueron identificadas.
La medida fue tomada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.
La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva explicó anteriormente que los siete reclusos operaban la organización desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
En la misma conferencia de prensa, Arroyo Salgado indicó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del hombre de 21 años, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.
El joven había dejado una carta en donde se despidió de su familia, les pidió perdón y expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva y señaló: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.
En ese contexto, la defensa de tres de las mujeres solicitó la excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el desenlace trágico del soldado, que evidenciaban riesgos procesales concretos.
El representante de la fiscalía sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación o eludir el accionar de la Justicia, ya que aún restan medidas de prueba pendientes y no se descarta la participación de otras personas en la maniobra.
Además, remarcó que la organización habría actuado con una estructura coordinada y con capacidad para intimidar a las víctimas mediante amenazas de difusión de supuestos contenidos íntimos en entornos digitales, modalidad que formaba parte del mecanismo de extorsión.
La magistrada coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos de excarcelación al advertir que persisten riesgos de entorpecimiento y de reiteración delictiva, mientras se aguardan los resultados de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.
