La Justicia mantiene frenada la intención del Gobierno de privatizar el Banco Nación (BNA). El juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que mantiene suspendido el Decreto N°116/2025, con el que el Presidente Javier Milei buscaba transformar a la histórica entidad crediticia en una sociedad anónima.
La resolución conocida este jueves representa otro tropiezo en decisiones económicas del Gobierno nacional. El magistrado platense consideró que se «mantienen las mismas condiciones jurídicas y fácticas que justificaron» una medida cautelar firmada en marzo pasado que había impedido el proceso de cambio societario. También entendió que «no hubo conductas dilatorias por parte de los trabajadores que promovieron la acción» y por eso extendió la suspensión (que vencía en unos pocos días) por medio año mas.
La intención de cambiar el estatus jurídico del banco más grande del país tuvo rechazo judicial casi desde su concepción. La iniciativa estuvo incluida en el inicial «mega DNU» 70 de diciembre de 2023, cuando Milei llevaba menos de un mes de gobierno.
Sin embargo, el 25 de septiembre del año pasado Ramos Padilla resolvió “que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El litigio se inicia por una acción de la asociación Bancaria, quien recurrió a los Tribunales para impedir el mecanismo que, en un primer paso buscaba convertir a la entidad en sociedad anónima, para luego promover la privatización.
El Gobierno recurrió esa decisión y también una cautelar firmada en marzo por el mismo juez, pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó este jueves el argumento de Ramos Padilla. Sostiene que, al ser un ente autárquico, el Nación no está alcanzado por la Ley de Bases y para esa medida debe conseguir el aval del Congreso.
«La delegación legislativa que autoriza al Poder Ejecutivo a ‘reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit’ no puede considerarse un patrón inteligible que lo habilite a modificar la naturaleza jurídica conferida por ley al Banco de la Nación Argentina», establecía el fallo de cámara firmado por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias.
En febrero el Presidente había firmado un decreto para transformar el Banco Nación en una sociedad anónima. Ya lo había intentado el año pasado con la Ley de Bases, pero debió sacarla de la lista de empresas públicas vendibles por presión de la oposición dialoguista. A poco de firmarse ese decreto, el juez Alejo Ramos Padilla aceptó una cautelar de la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo y suspendió por seis meses la medida.
Cuando se conoció esta decisión del Tribunal, el BNA informó que «la medida de la Cámara contradice la Ley Bases sancionado por el Congreso Nacional». Y consideró que «su arbitrariedad será apelada por el Estado Nacional y el Banco Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En un comunicado la entidad crediticia informó que «la transformación en Sociedad Anónima del Banco encamina a mejorar su transparencia y eficiencia para impulsar el crédito privado en Argentina, a favor de las familias y las empresas, especialmente PyMEs regionales. En los últimos años, el Banco Nación lideró la reducción del crédito en Argentina, al 6,5% del PBI en 2023, la mitad que en 2011 y la cuarta parte que en los noventa. El hipotecario para la vivienda virtualmente desapareció».
Los despachos judiciales no aportan buenas noticias a los planes del Gobierno. Hace dos días, la Justicia Federal de La Plata ratificó que los encargados de los Registros Seccionales de la DNRPA podrán actuar como agentes de retención de impuestos que cobra el Estado bonaerense en los trámites que realiza el organismo.
Revirtió una decisión del ministerio de Justicia, que pretendía impedir a ARBA cobrar sellos y Patentes en los registros donde se hacen los trámites de transferencia, compra o venta de vehículos.
En La Plata lo leyeron como un «triunfo» de Axel Kicillof, que podrá recaudar hasta 250.000 millones de pesos por cuatrimestre por esos tributos.
La Justicia también frenó otras medidas promovidas por el equipo económico de Milei. Desde mediados del año pasado, la resolución 267 del ministro Luis Caputo impedía incorporar cargos “municipales” en boletas que se envían a usuarios de gas y luz.
Pero hubo varios fallos de primera instancia, cautelares, que permitieron a los intendentes seguir percibiendo a través de esas facturas parte de las tasas de alumbrado, o de otros servicios que dan las intendencias.
La última disposición judicial de la Cámara de San Martín confirmó que esa decisión ministerial es “inconstitucional”. Favoreció al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien había avanzado con ese litigio.