En cada cambio de gobierno se repite la promesa de atraer inversiones. Pero lo cierto es que ningún inversor serio arriesga capital en un país cuyo sistema judicial funciona mal. El problema va mucho más allá de la lentitud: hablamos de falencias estructurales crónicas y, en muchos casos, deliberadas.
En la Argentina hay concursos para jueces abiertos desde hace casi una década, cargos clave vacantes, subrogancias que se eternizan y ponen en jaque la independencia judicial, procesos disciplinarios que no avanzan y falta de capacitación adecuada en magistrados y personal judicial. La consecuencia es un sistema desarticulado e imprevisible.
Las demoras son particularmente graves en fueros directamente vinculados a la vida económica. Desde 2015 permanecen pendientes concursos para juzgados y cámaras en lo penal económico; desde 2016 hay vacantes en lo contencioso administrativo federal; desde 2018, en la cámara civil y comercial federal. En todos los casos, se trata de áreas críticas para combatir delitos financieros, resolver litigios fiscales y controlar la legalidad de los actos del Estado. En ese contexto, es lógico que la inversión productiva se retraiga: ¿qué empresa pondría dinero donde no puede hacer cumplir un contrato, resistir una arbitrariedad administrativa o resolver un conflicto impositivo con rapidez y previsibilidad?
A estas carencias se suma un sistema procesal que sigue siendo mayoritariamente escrito y que permite interminables idas y vueltas de expedientes entre instancias. El ejemplo más visible es la justicia laboral, colapsada, con juicios que duran años. Eso genera un doble perjuicio: para el trabajador, que espera una reparación que necesita para subsistir; y para la empresa, que queda atrapada en la incertidumbre sobre el monto de una condena que se deprecia o se multiplica en un contexto inflacionario.
La relación entre justicia y desarrollo económico está probada en la teoría y en la práctica. Douglass North, Nobel de 1993, lo sintetizó: son las instituciones -las reglas de juego- el factor decisivo del crecimiento sostenible. Décadas después, Daron Acemoglu y James Robinson, Nobel 2024, reforzaron esa idea en Por qué fracasan los países: los países fracasan no por falta de recursos, sino por tener instituciones débiles y manipulables. Argentina encaja perfectamente en ese diagnóstico.
Los ejemplos abundan. Dos de los cinco cargos de la Corte Suprema están vacantes. El Ministerio Público Fiscal no tiene Procurador General desde 2017. La Auditoría General de la Nación (cuyos productos son fundamentales para investigaciones judiciales) está paralizada por falta de designaciones. Y el Consejo de la Magistratura demora concursos terminados o propone candidatos sin mérito suficiente.
En este escenario, los inversores no buscan favores ni ventajas: buscan certezas. Quieren saber que, si invierten, podrán hacer valer sus derechos. Reglas claras, procedimientos razonables y jueces independientes son condiciones mínimas para decidir a largo plazo. Donde los contratos valen menos que las conexiones personales, no hay confianza posible.
La consecuencia es que muchas compañías que sí invierten en Argentina prefieren pactar cláusulas de resolución de conflictos fuera del país, ya sea en arbitrajes internacionales (CIADI) o sometiendo contratos a la jurisdicción de Nueva York. Es una señal clara: evitan quedar atrapados en un sistema judicial local imprevisible. Y cuando esos conflictos llegan a instancias externas, las pérdidas para el Estado son enormes. El caso YPF es solo el ejemplo más reciente de una serie de fallos internacionales que costaron miles de millones de dólares.
Sin justicia independiente y eficaz, la soberanía jurídica se diluye, y con ella la capacidad del país de conducir su propio desarrollo económico. En otras palabras: sin justicia, no hay inversiones.
Abogado y cofundador de ACIJ