El Senado rechazó el veto de Javier y Milei y convirtió en ley un paquete de medidas que busca regularizar deudas, actualizar aranceles y otorgar nuevos beneficios.
El Senado de la Nación aprobó definitivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa, que ahora quedó firme, incluye un amplio esquema de compensaciones económicas, ajustes a los prestadores del sistema de salud y un cambio en el cálculo de las pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad.
Uno de los ejes centrales del texto legal es que la norma es “de orden público y rige en todo el territorio nacional”, lo que implica que ninguna jurisdicción podrá desconocer su aplicación. A partir de su entrada en vigor, se prevé una actualización de las prestaciones, ya que se reconoce la necesidad de compensar la diferencia generada por la inflación desde 2023 hasta la actualidad.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la obligación del Estado de saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC. Además, se establece que las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, un cambio que busca otorgar mayor previsibilidad y seguridad económica a los beneficiarios.
Otro punto significativo es que quienes perciban estas pensiones podrán complementar sus ingresos con un empleo, siempre que el salario no supere dos salarios mínimos. De esta manera, se habilita un esquema más flexible que intenta compatibilizar la inclusión laboral con la protección social.
En paralelo, la ley ordena al Poder Ejecutivo Nacional financiar “con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores”, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar que los atrasos financieros afecten directamente a las personas con discapacidad y sus familias.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el impacto fiscal de la medida es millonario: “un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones”, con una diferencia que surge de la cantidad de nuevos beneficiarios que podrían incorporarse. Según el organismo, la brecha se explica por las posibles “nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían presentarse con la implementación de la normativa.
La letra de la ley también establece que la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de realizar auditorías con el objetivo de asegurar un “proceso justo, transparente, basado en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios”. En este sentido, se aclara que los procedimientos deberán “garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información”.
Finalmente, se introduce un incentivo para la contratación laboral: las empresas que incorporen trabajadores con certificado de discapacidad bajo relación permanente estarán eximidas por tres años del pago de “el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones”. Con esta medida, se busca estimular la generación de empleo formal en un sector que suele enfrentar mayores barreras de inserción.