“Usted no es bienvenido acá mientras yo esté”. Con esa lapidaria frase, el jefe de la Prefectura de Monte Caseros, Corrientes, buscó poner fin a los reclamos de un subalterno que perdió la vista y sufrió graves heridas junto a dos compañeros al ser emboscado por cuatreros brasileños en el río Uruguay.
Walter Ramón Gómez (47) realizó una denuncia penal al prefecto Cristian Ariel Calvo, a quien acusó de amenazas coactivas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación se realizó ante la Fiscalía Federal de Paso de los Libres a cargo de Fabián Martínez. La acusación podría, incluso, alcanzar a los jefes de la fuerza.
Gómez integraba una patrulla de la Prefectura Santa Rosa que en la madrugada del 2 de abril de 2022 fue atacada a balazos en la zona de la desembocadura del río Miriñay por tres brasileños que transportaban carne de una faena clandestina en territorio argentino.
Gómez denunció un incumplimiento por parte de la Prefectura Naval en una serie de prestaciones que debería recibir por haber sido herido gravemente en un acto de servicio, y el reintegro de gastos médicos y de atención psicológica y psiquiátrica. Sostuvo que los constantes planteos que realizó en los últimos tiempos ante el prefecto Calvo, nunca fueron gestionados, y que los reintegros se producían con excesiva demora.
El ataque a balazos que sufrió Gómez junto al ayudante de tercera Facundo Cabral y el ayudante de primera Daniel Eduardo Ojeda dejaron al descubierto la falta de cobertura de ART para el personal de la fuerza. Según refieren en la denuncia penal, a través de una nota, la Prefectura admitió que la cobertura de la ART Asociart SA sólo alcanzaba al “personal civil, docente civil y clero de la Institución”, lo cual implica un incumplimiento de la Ley 25.557, señala la presentación realizada por el abogado Juan Saucedo.
Esta falta de cobertura dejó a Gómez y los demás integrantes de la patrulla sin ningún tipo de cobertura “por lo que resulta esperable que sea la misma Prefectura que absorba los gastos médicos y brinde las prestaciones conforme la ley indicada, máxime al quedar con secuelas discapacitantes de por vida bajo amparo de las Leyes 22.431 y 24.901”.
Gómez fue pasado a retiro obligatorio el 6 de enero de este año luego que la fuerza corroborara que el hecho fuera encuadrado como un accidente sufrido “en y por acto de servicios” y estableció que el grado de incapacidad es del 65%. Esa evaluación fue considerada como “arbitraria” por la víctima y su defensa.
Los tres integrantes de la patrulla fueron atacados con disparos de escopeta. Las lesiones fueron de tal magnitud que también Ojeda fue pasado a retiro este año debido a la imposibilidad de seguir prestando servicios en la fuerza.
“Gómez todavía tiene perdigones de plomo alojados en el rostro y otras partes del cuerpo”, sostuvo el abogado. El defensor sostuvo en su presentación que de acuerdo con la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, Decreto N° 659/96, la pérdida total de la visión de un ojo implica una incapacidad superior al 66%.
Siguiendo el criterio de ese decreto, aún en vigencia, a Gómez le correspondería “el 45% por la ‘enucleación con prótesis’ del ojo derecho, y el 42% a la ‘ceguera postraumática, sin deformación del globo ocular, unilateral’ del ojo izquierdo”, detalla la denuncia. A eso debe sumarse el cuadro de estrés postraumático, angustia, ansiedad y depresión que afectan a la víctima del brutal ataque.
Soraya Ferré, esposa de suboficial y querellante en la causa, sostuvo que Gómez “a raíz de un feroz ataque sufrido en cumplimiento de su deber, padece de ceguera total. A pesar de su discapacidad y la dificultad que implica su reincorporación laboral o profesional, ha realizado un enorme esfuerzo personal y económico. Mensualmente, destina un alto porcentaje de su salario a solventar gastos médicos, honorarios profesionales y elementos de rehabilitación, resintiendo gravemente la economía familiar al tratarse del único sostén económico”.
Gómez gestionó en tres oportunidades una reunión con el prefecto Calvo pero siempre recibía evasivas. El encuentro finalmente se produjo el 27 de junio, generándose una tensa conversación con el jefe de la Prefectura de Monte Caseros. Tras escuchar los cuestionamientos de Gómez por la falta de atención por parte de la fuerza, Calvo lo tildó de “quilombero” y “desubicado” por los planteos.
Gómez, Ojeda y Cabral habían salido de patrulla el 1° de abril de 2022 en una lancha que pertenecía al último de los nombrados porque ese día la embarcación de la fuerza no funcionaba correctamente. La partida se produjo a las 20 y la vigilancia en la zona de la desembocadura del río Miriñay debía mantenerse hasta las 6 del 2 de abril.
Según el relato de Gómez, cuando se acercaron a esa zona “al garete” (desplazados por la corriente) advirtieron algunas luces en una isla. Es por eso que decidieron amarrar la lancha con la proa hacia el río, de manera tal que pudieran intervenir rápidamente ante la presencia de sospechosos.
Apenas habían llegado, escucharon el ruido del motor de una embarcación y al encender el reflector, advirtieron que tres personas pasaban a unos diez metros, armados y con grandes bolsas que tenían manchas de sangre.
Los prefectos impartieron la voz de detención y zarparon para evitar la fuga de los sospechosos, que simularon acatar la orden. La embarcación de los marineros se colocó a la par e imprevistamente el timonel de la otra lancha los embistió. Casi en forma automática, los ladrones comenzaron a dispararles con escopetas.
El primero en recibir los perdigones fue Gómez, quien portaba el único fusil con alto poder de fuego. Pese al impacto, el suboficial alcanzó a realizar algunos disparos defensivos.
Ojeda recibió un disparo en el rostro y cayó dentro de la lancha mientras los cuatreros escapaban hacia territorio brasileño. Gómez ordenó “acelerá Facu, acelerá”, iniciando una carrera contra la muerte mientras pedía asistencia médica a la Prefectura de Monte Caseros, que era la más cercana.
Una investigación permitió establecer que los que emboscaron a la patrulla de la Prefectura fueron William Dos Santos, quien murió en un enfrentamiento con la Policía e Brasil en enero de 2023; y los hermanos Hilson y José Anderson Vielmo Lópes. Uno de ellos fue detenido en Brasil y el otro en Uruguay, pero ninguno fue extraditado.
Misiones. Corresponsal
MG