Por unanimidad, el máximo tribunal rechazó un pedido del dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero. El empresario no paga ese tributo a la AFIP desde 2018.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, deberá pagar más de mil millones de dólares al Estado.
Concretamente, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430.
Con la firma de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, el fallo aseguró que Tabacalera Sarandí no logró probar la afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la Ley de Impuestos al Tabaco, impuesta durante el gobierno de Mauricio Macri y que generó la larga batalla judicial.
La empresa de Otero no presentó “comprobante alguno de la supuesta adhesión”, aseguró la Corte.
Los jueces explicaron que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general” y que resulta razonable que ciertas actividades tengan un tributo diferenciado.
En el caso del tabaco, recordó la sentencia, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud reconocieron el acierto de aumentar el valor del precio del cigarrillo para disminuir su consumo.
Además, añadieron los magistrados, los mismo responden al diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, ya que es potestad del Congreso de la Nación.
En conclusión, la Corte aseguró que Otero no logró demostrar por qué el cobro diferenciado del impuesto afectaba a su empresa.
Las batallas judiciales de Tabacalera Sarandí
Otero mantiene con el fisco una deuda de $419.398.257.693, número que se compone de sumar el monto de capital adeudado por el período agosto de 2018-junio de 2024, unos $305.239.257.693, a los que se debe sumar intereses resarcitorios al 12 de diciembre de 2023, que equivalen a unos $114.159.000.000.
Además, el ARCA lo denunció por lavado de activos. Según el informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la empresa habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas que, según los inspectores, carecían de respaldo fiscal y operativo para semejante volumen de negocios.
Las marcas involucradas en la operatoria serían Red Point, West, Kiel y Master.
La empresa comenzó a ganar terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto mínimo al tabaco.
Otero logró postergar sus obligaciones fiscales con medidas cautelares, alegando que su firma era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa jugada le permitió competir con precios muy por debajo de los valores de marcas tradicionales.
La denuncia por lavado no es el único proceso que enfrenta el empresario. En Mar del Plata avanza una investigación por presunta falsificación de estampillas fiscales y comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa. El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenzó en 2019 y surgió también de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.