Investigaciones publicadas en Frontiers in Developmental Psychology y Psychology & Marketing analizan los efectos de las restricciones digitales y la dependencia de plataformas. El BID indica que un trámite completamente digital toma 40 minutos frente a seis horas presencial.
Durante las últimas dos décadas, la digitalización fue asociada con la modernización de servicios y actividades cotidianas. Esa dirección comienza a ser revisada en distintos países, donde se discute no solo dónde incorporar tecnología sino también dónde limitarla.
Una revisión publicada este año en Frontiers in Developmental Psychology señala que las prohibiciones de redes sociales dirigidas a jóvenes siguen siendo una intervención no probada. Los estudios experimentales disponibles sobre restricciones no han estudiado a la población juvenil a la que ahora se dirigen esas políticas y sus resultados han sido inconsistentes, según el artículo.
Un estudio publicado en Psychology & Marketing propone el concepto de digital technology captivity para describir la vulnerabilidad que puede surgir cuando la tecnología digital se convierte en vía obligatoria para acceder a un servicio y las alternativas son limitadas. El Reino Unido aplica políticas de assisted digital que contemplan atención presencial, telefónica u otras vías no digitales para quienes necesitan apoyo en el uso de servicios públicos digitalizados.
En América Latina, las diferencias de conectividad, calidad del servicio, disponibilidad de dispositivos y competencias digitales persisten, especialmente entre territorios urbanos y rurales y entre distintos niveles de ingreso. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una gestión completamente digital toma en promedio unos 40 minutos frente a unas seis horas cuando se realiza presencialmente. Al mismo tiempo, los adultos mayores, habitantes rurales y personas de menores ingresos tienen menor probabilidad de utilizar los servicios públicos digitales.
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