Un estudio del Observatorio de Convivencia, Violencias y Conflictividades en entornos escolares, presentado este martes, analiza datos de las pruebas Aprender 2021-2024. El informe indica que los conflictos entre estudiantes son considerados un problema grave por el 23,8% de los directivos, frente al 11,1% en 2021 y el 16% en 2022.
Un informe de la Fundación La Salle revela un aumento sostenido de los conflictos entre estudiantes de primaria en los últimos años. Casi uno de cada cuatro directivos (23,8%) del nivel primario considera que los conflictos de convivencia entre estudiantes constituyen un problema grave en sus establecimientos. La proporción en 2021 era del 11,1% y en 2022 del 16%.
Entre otros puntos, las pruebas PISA 2025 ubicaron a la Argentina como último entre los 82 sistemas educativos con información disponible en el índice de clima disciplinario. El informe presentado hoy por el Observatorio de Convivencia, Violencias y Conflictividades en entornos escolares se inscribe en esa línea y analiza la problemática en primaria.
“Es difícil establecer si el aumento en la violencia reportada responde a un aumento real o a una mayor sensibilidad para identificar y abordar el problema, pero los datos muestran claramente tanto la existencia de esta problemática como que la elaboración de acuerdos de convivencia y el diálogo directo surgen como las herramientas más eficaces para reducir los episodios de maltrato y mejorar el clima en las aulas”, apuntó Ana Campelo, coordinadora del Observatorio de Fundación Lasalle. Es licenciada en Educación, coordina la Diplomatura “Convivencia y conflictividades” en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y fue coordinadora del Área de Convivencia Escolar, durante la presidencia de Alberto Fernández, y del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, desde 2011 hasta 2014, del Ministerio de Educación de la Nación.
El observatorio, presentado hoy, es una iniciativa de la Fundación La Salle Argentina orientada a producir información sistemática sobre los desafíos que enfrentan las escuelas tanto en los entornos presenciales como en los digitales. Sus impulsores sostienen que las distintas formas de violencia que atraviesan la vida escolar —entre estudiantes, hacia docentes, en las plataformas digitales o vinculadas con las desigualdades estructurales que las generan y reproducen— no pueden abordarse mediante diagnósticos aislados ni intervenciones puntuales, sino que requieren monitoreo y seguimiento sostenidos. El objetivo es aportar evidencia que contribuya a la toma de decisiones institucionales.
El estudio fue elaborado a partir de datos oficiales de las pruebas Aprender correspondientes al período 2021-2024. Los directivos identificaron como los problemas más frecuentes las peleas e insultos entre compañeros, mencionados por el 61,3% de los establecimientos. Le siguen las agresiones físicas, con el 19,2%, y los casos de bullying o acoso escolar, reportados por el 16,6%. También aparecen los daños al mobiliario escolar (11,6%) y las amenazas o agresiones hacia docentes que alcanzan el 2%.
La percepción de los equipos directivos se replica en los testimonios de los propios estudiantes. Entre los alumnos de sexto grado, el 35,2% afirmó haber sufrido empujones durante 2024; el 39,1% señaló que otros compañeros dijeron mentiras sobre ellos; el 29,4% aseguró que le rompieron o escondieron pertenencias; y el 25,1% manifestó haber sido excluido de juegos o haber sido objeto de burlas. Además, el 18,3% indicó haber recibido golpes.
El estudio identifica a la vez herramientas que podrían contribuir a mejorar la convivencia escolar. “Los hallazgos son preocupantes porque reflejan que la conflictividad y la violencia, sobre todo verbal, entre alumnos de primaria está extendida. Pero también muestran que la participación estudiantil genuina en la vida escolar es el factor de protección más robusto para atenuar este problema”, sostuvo Patricia Marchitto, directora ejecutiva de la Fundación La Salle Argentina.
Los datos muestran que los alumnos que participan en la construcción de los acuerdos, frente a quienes declaran no haber participado, registran menores niveles de violencia en todas las dimensiones analizadas (mentiras, agresiones físicas o en redes sociales) que aquellos que no participan.
“Esto se traduce en experiencias muy concretas: frente a las amenazas de tiroteo que atravesaron a muchas escuelas a principio de año, las instituciones que mejor resolvieron la situación no fueron las que reforzaron controles, revisaron mochilas o las reemplazaron por bolsas transparentes, medidas que además de ineficaces para prevenir, generaron un clima de miedo; sino las que convocaron a los chicos, les preguntaron qué estaba pasando y los hicieron parte de la solución. En algunas escuelas, fueron los propios estudiantes quienes propusieron jornadas de convivencia con deportes, música y participación de las familias”, explica Campelo.
Y resume: “Priorizar las formas dialógicas y reparatorias por sobre las sancionatorias, y generar un clima de confianza sostenido con las familias y no solo convocarlas cuando el conflicto ya emergió, son las líneas que el informe identifica como más efectivas, para toda la escolaridad y no únicamente para los contextos más vulnerables”.
De todos modos, apenas un 7,4% de los alumnos indica que estos espacios no existen en su escuela, mientras que un 33% manifiesta no saber si funcionan, lo cual también implica un déficit en sí mismo.
A la vez, el estudio marca que en las escuelas donde existen estos dispositivos, los reportes de situaciones de violencia suelen ser ligeramente superiores y señala que los datos sustentan la hipótesis de que los dispositivos institucionales brindan herramientas para visibilizar, desnaturalizar y denunciar situaciones que en otros contextos permanecen silenciadas.
En esas mismas escuelas con órganos activos, a la vez, los estudiantes expresan niveles más altos de bienestar escolar, mayor confianza y mejores vínculos con docentes y compañeros. La consistencia de esta hipótesis se confirma porque, en esas mismas escuelas con órganos activos, los estudiantes expresan niveles más altos de bienestar escolar, mayor confianza y mejores vínculos con docentes y compañeros.
Campelo señala que es necesario fortalecer la convivencia entre familias, estudiantes y docentes. “Esto incluye una fuerte política de salud mental, que hoy está bastante debilitada: acompañar a los chicos para que puedan conectarse con proyectos y con expectativas de futuro. También es necesario asumir que la escuela no puede resolver todo en soledad. El crecimiento de la violencia en entornos digitales, por ejemplo, requiere una regulación que excede el ámbito escolar y exige la articulación con otros sectores. En los contextos más vulnerables, esto implica dotar a las escuelas de recursos diferenciados: equipos de orientación, tiempo institucional, formación, para sostener estas prácticas”, apuntó.