La magistrada Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, explicó los motivos de su fallo que suspendió la aplicación de la ley 27.801 en territorio bonaerense.
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, se refirió este lunes a la suspensión por 60 días de la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dispuesta al resolver una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
En declaraciones a la señal de radio Now 97.9, Pascual afirmó: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”. Además, sostuvo: “No romantizo a los chicos que salen con un arma”.
La magistrada justificó su decisión al señalar que “si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”. En ese sentido, agregó: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.
En el fallo, Pascual expresó: “Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”.
Durante la entrevista radial, la jueza detalló que su función tiene dos aspectos: “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”.
La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado anterior. Este lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la reducción de la edad de punibilidad y nuevas penas para menores de edad. La autoridad de aplicación designada en el ámbito nacional y federal es el Ministerio de Justicia de la Nación. La normativa también fija mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.