El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso, el 22 de abril, un proyecto de ley de reforma electoral que desde entonces permanece como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno.
El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso, el 22 de abril, un proyecto de ley de reforma electoral que desde entonces permanece como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno.
La iniciativa, presentada por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, propuso la eliminación definitiva de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso). Según la Casa Rosada, ese mecanismo demandó en 2023 un gasto público de 45.000 millones de pesos sin resolver internas relevantes. Con la reforma, las primarias pasarían a ser un asunto exclusivamente interno de los partidos.
El texto también planteó elevar los pisos de afiliación exigidos para registrar un partido político, así como los porcentajes de votos necesarios para conservar la personería jurídica, con el objetivo de terminar con los denominados “sellos de goma”. Además, incorporó la afiliación digital como una herramienta de modernización administrativa.
Otro de los capítulos del proyecto apuntó a eliminar el régimen de espacios de aire cedidos de manera obligatoria por los medios de comunicación para la propaganda partidaria gratuita. En materia de financiamiento, la iniciativa buscó transparentar los aportes a las campañas: según cifras difundidas por el propio Gobierno al momento del envío, apenas el 10 por ciento del dinero que financiaba las campañas electorales estaba entonces registrado formalmente.
El proyecto incluía además la incorporación de la Ficha Limpia, que impediría postularse a cargos electivos o de la administración pública a las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos. Ese punto, sin embargo, se transformó luego en uno de los principales focos de resistencia dentro del propio arco dialoguista, que reclamó tratarlo por separado del resto de la reforma.