El gobernador Juan Pablo Valdés presentó una medida cautelar en la Justicia Federal para que el tramo urbano del Corredor Belgrano sea incluido en el esquema nacional de concesiones viales. Paralelamente, la provincia sostiene ante la Corte Suprema un reclamo histórico por las regalías de la represa de Yacyretá.
El gobierno de Corrientes, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, inició acciones judiciales contra el gobierno nacional por la exclusión del Corredor Belgrano del nuevo esquema de concesiones viales. La medida cautelar presentada ante la Justicia Federal busca que se incorpore al pliego de licitación el tramo de casi seis kilómetros que conecta las rutas nacionales 12 y 16 a través de las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia, en la ciudad de Corrientes.
Según informó el gobierno provincial, el detonante del conflicto fue la decisión de Vialidad Nacional de dejar sin concesión el puente General Belgrano y la traza urbana vinculada. El jefe del Distrito Nº 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, afirmó que «el Corredor Belgrano nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional. Es jurisdicción de la Provincia».
Valdés respondió públicamente a Moulin: «Tiene la posibilidad de solucionar esto como buen correntino y debe hacerlo, entendiendo la problemática que genera para la Provincia». En declaraciones oficiales, el gobernador aclaró que la medida cautelar no representa un rechazo a la privatización del tramo, sino una objeción a la exclusión de la avenida 3 de Abril del proceso licitatorio.
El intendente de Corrientes, Claudio Polich, respaldó la postura provincial y señaló que «diariamente alrededor de 2.500 camiones atraviesan la ciudad para conectar la Ruta Nacional N° 16 con la 12, utilizando arterias clave como la avenida 3 de Abril y la avenida Independencia». Polich agregó que «no es justo ni razonable que el vecino de Corrientes, con sus impuestos, tenga que mantener una vía que sirve de vínculo entre dos rutas nacionales para el abastecimiento de todo el Mercosur».
El presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, Daniel Suárez, explicó que el corredor soporta un flujo diario estimado de 24.000 vehículos, de los cuales entre 4.000 y 5.000 corresponden a tránsito pesado proveniente de las rutas nacionales 12 y 16. Suárez recordó que la avenida 3 de Abril ya formaba parte de la ciudad cuando se construyó el puente General Belgrano y que pasó de dos manos a cuatro para absorber el nuevo tránsito interprovincial.
El ministro de Obras Públicas de Corrientes, Jorge Meza, confirmó que la provincia participará de una instancia de mediación en la Justicia Federal a través de la Fiscalía de Estado.
Paralelamente, Corrientes mantiene ante la Corte Suprema de Justicia un reclamo por las regalías de la represa de Yacyretá. La demanda, iniciada por el ex gobernador Gustavo Valdés, busca que se ordene al Estado nacional dar cumplimiento a los artículos 43 de la Ley 15.336 y 33 del Decreto 287/93, que establecen el valor de las «regalías en especie» correspondientes a la energía producida en Yacyretá y Salto Grande. Corrientes pide que se le reconozca un precio equivalente al precio medio del Mercado Eléctrico Mayorista por esa energía. El reclamo inicial rondaba los 13.500 millones de pesos, cifra que con la inflación acumulada es sustancialmente mayor.
La Corte Suprema confirmó su competencia para intervenir en el caso, aunque rechazó la medida cautelar solicitada por la provincia. En marzo de 2026, el gobernador Valdés participó de la primera audiencia convocada por el tribunal, donde se produjeron intercambios con representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de Cammesa. Las partes acordaron una segunda audiencia. «Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que les corresponde a los correntinos, ni más ni menos», declaró Valdés.
El gobernador también anunció que, en el marco de la misma agenda de negociación, el gobierno nacional saldó una deuda de 2.400 millones de pesos y se reanudaron las obras de la Autovía Ruta 12.