En un giro significativo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia federal dispuso medidas de protección para una testigo clave y una orden de restricción contra el periodista Marcelo Grandio. El magistrado Ariel Lijo, a cargo del caso, tomó la decisión luego de que la declarante denunciara sentirse amenazada por llamados y mensajes recibidos durante su testimonio.
El testimonio que complica
Vanesa Tossi, secretaria de la empresa Jag Executive Aviation, compareció ante el juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita el viernes pasado. En su declaración, ratificó información previamente aportada por el piloto Agustín Issin: confirmó que el vuelo privado que Adorni realizó con su familia a Punta del Este durante los feriados de carnaval fue pagado por la productora de Marcelo Grandio, Imhouse. Además, reveló que Grandio le solicitó personalmente presupuestos para el viaje y le pidió que no facturara el servicio, aclarando que era «para una invitación».
Hostigamiento durante la declaración
El hecho más grave ocurrió mientras Tossi prestaba declaración. Según consta en el acta, recibió múltiples llamadas y mensajes de texto de Grandio de manera insistente. «¿Vane, estás? Te puedo llamar?», «OK, bueno, beso» y «Cuando puedas, comunicate conmigo» fueron algunos de los textos enviados. Al finalizar su testimonio, la mujer, visiblemente afectada, manifestó al fiscal Pollicita que interpretaba esos contactos como un intento de amedrentamiento y hostigamiento, solicitando protección judicial.
La respuesta judicial
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Pollicita solicitó medidas urgentes al juez Lijo. Este accedió y dictó una prohibición perimetral contra Grandio. La resolución judicial le ordena abstenerse de contactar a Tossi «por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, incluido el telefónico, digital, epistolar, presencial o a través de terceros». También le prohíbe acercarse a su domicilio, lugar de trabajo y otros sitios de concurrencia habitual.
Además, el fiscal inició una investigación paralela para determinar si los actos de Grandio configuran delitos de acción pública, como amenazas o coacciones. En sus argumentos, Pollicita sostuvo que estas acciones «constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso».
Nexos bajo la lupa
La investigación también profundiza en los vínculos laborales de Grandio. Dado que su productora, Imhouse, mantiene contratos con la Televisión Pública —un organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete—, el juez Lijo ordenó el secuestro de documentación relacionada con ese vínculo. El operativo fue ejecutado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La causa principal
La investigación central sigue su curso. Adorni es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El fiscal Pollicita ya solicitó al juez una batería de doce medidas de prueba para dilucidar el incremento patrimonial del funcionario. Entre los pedidos figuran informes sobre propiedades a su nombre y de su esposa, vehículos, declaraciones juradas desde 2022, su legajo personal y movimientos migratorios.
En su última conferencia de prensa, Adorni anunció que presentaría su próxima declaración jurada el 30 de mayo. Mientras tanto, la causa avanza con este nuevo capítulo que involucra a su allegado y pone el foco en la protección de los testigos.