Un cuarto de las motocicletas secuestradas en los últimos operativos de control de tránsito en la ciudad no han sido reclamadas por sus propietarios. La Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana informó que, de un total de 600 unidades retenidas, 150 permanecen en los depósitos sin que nadie inicie los trámites para su recuperación.
Un fenómeno con múltiples causas
El titular del área, Yamandú Barrios, explicó que este desinterés por recuperar los rodados responde a una combinación de factores. «Es probable que muchas de esas motos queden en la base porque son robadas, tienen problemas dominiales o porque a sus dueños no les interesa sacarlas», señaló el funcionario en declaraciones radiales.
Barrios describió la situación del parque motociclista local como «muy anarquizado» e «irregular», justificando la rigurosidad de los controles sorpresivos que se realizan en puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo declarado de estas intervenciones es sanear la circulación y retirar de las calles vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad o legalidad.
Futuro de las unidades abandonadas
Ante la acumulación de vehículos en los depósitos, el Municipio evalúa medidas de contingencia. Una vez cumplidos los plazos legales establecidos, se podría proceder a la compactación o al remate público de las unidades no reclamadas.
«Si no es ilegal, es irregular», afirmó Barrios, enfatizando que la política de controles busca proteger a los ciudadanos que sí cumplen con las normas de tránsito. Desde la Secretaría destacan que, pese a las fricciones iniciales, han recibido un creciente agradecimiento por parte de automovilistas que ven en estos operativos una forma de garantizar equidad y seguridad vial.
Hacia un cambio cultural en la conducción
El plan de Movilidad Urbana apunta a modificar conductas arraigadas entre los conductores. Barrios recordó que «hasta hace poco tiempo, la gente pasaba sin casco frente a los inspectores», una práctica que buscan erradicar.
El secretario se mostró optimista respecto al impacto a mediano plazo de estas políticas: «Creo que en 2026, si seguimos con esta línea, lograremos que en un altísimo porcentaje de la ciudad se respete la utilización obligatoria del casco. Ese será un paso gigante hacia adelante».
La universalización del uso de elementos de seguridad se presenta como el principal objetivo de una estrategia que combina controles estrictos con educación vial, buscando transformar los hábitos de circulación en las calles correntinas.