En la década de 1990, Argentina consolidó una frase que sintetizaba una peculiar tolerancia social: «roban pero hacen». Este concepto no era un lema oficial, sino una racionalización ampliamente extendida que relativizaba los actos de corrupción a cambio de una percepción de estabilidad y crecimiento económico. La hiperinflación había sido controlada y, para un sector de la sociedad, ese logro opacaba los escándalos de privatizaciones, sobresueldos y la opacidad en la gestión pública.
Un pacto tácito basado en resultados
El éxito electoral de aquel período demostraba que una parte significativa del electorado priorizaba los indicadores macroeconómicos por sobre los principios éticos en la administración del Estado. La corrupción era conocida y discutida, pero no necesariamente se traducía en un rechazo en las urnas mientras persistiera una sensación de progreso material. Este equilibrio, de naturaleza utilitaria, sostenía la legitimidad política en una lógica donde el fin justificaba los medios.
Un nuevo contexto con expectativas renovadas
Tres décadas después, el panorama presenta similitudes superficiales pero diferencias fundamentales. El gobierno de La Libertad Avanza llegó al poder con un discurso centrado en la condena moral de la «casta» y la erradicación de los privilegios y la corrupción como eje identitario. Esta postura construyó una legitimidad de origen basada no solo en un programa político, sino en una promesa de integridad y transparencia radicalmente diferente al pasado.
La ecuación se invierte cuando faltan los resultados
El escenario actual, sin embargo, combina investigaciones y denuncias por enriquecimiento ilícito y uso de recursos públicos con un contexto económico marcado por la dificultad, donde los logros en la lucha contra la inflación muestran signos de estancamiento y el consumo se contrae. Para los analistas, aquí reside el cambio crucial: cuando la premisa de un gobierno es «somos distintos», cualquier acusación de corrupción no es un mero desliz, sino una contradicción estructural que socava su fundamento moral.
La teoría democrática: gestión y rendición de cuentas
Pensadores como Pierre Rosanvallon explican que las democracias contemporáneas no se sostienen solo por el triunfo electoral, sino por un consenso social basado en la gestión y apoyado en la transparencia. Cuando un liderazgo se erige sobre la bandera de la anticorrupción, su legitimidad se vuelve moral y, por tanto, más frágil. La confianza pública depende de la percepción de integridad, y si esta se quiebra, el respaldo puede colapsar con mayor velocidad que en gobiernos que no hicieron de la ética su principal capital.
La comparación histórica sugiere que la tolerancia social a los desvíos ha estado tradicionalmente atada a una contrapartida de bienestar económico. En ausencia de esta, la ecuación «roban pero no hacen» se transforma en un desafío político de mayor magnitud, donde las acusaciones impactan directamente en el núcleo de la autoridad gubernamental. El desafío para cualquier administración es demostrar que la coherencia entre el discurso y los actos es el verdadero sustento de la confianza pública en el largo plazo.