La construcción de la Sede Regional Zona Sur Capital de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Villa El Libertador marca un punto de inflexión en el mapa educativo y territorial de la ciudad. Con una inversión superior a los 5.380 millones de pesos, el proyecto busca ampliar el acceso a la educación superior pública en una de las zonas con menor presencia universitaria de Córdoba capital.
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El edificio se desarrollará en un predio de 1.650 metros cuadrados, colindante al Centro de Participación Comunal (CPC) del barrio, y contará con tres niveles y más de 2.100 metros cuadrados cubiertos. La infraestructura incluirá aulas híbridas, aulas taller, biblioteca, laboratorio, gabinete informático, áreas administrativas, cantina y centro de estudiantes, lo que permitirá el dictado de licenciaturas, profesorados y nuevas propuestas académicas de perfil técnico-profesional.
Desde el punto de vista social, la obra impactará de forma directa sobre una población estimada en más de 113 mil personas de la denominada “zona núcleo” del sudeste de la ciudad, integrada por 22 barrios. Relevamientos territoriales indican que cerca del 40% de los jóvenes consultados se inscribiría en carreras universitarias si existiera una oferta en su propio barrio, lo que proyecta una matrícula potencial cercana a los 4 mil estudiantes en el corto plazo.
Pero la universidad no es solo una obra educativa: es también una decisión política con fuerte carga simbólica y territorial. La instalación de una sede universitaria pública en Villa El Libertador reconfigura el mapa de centralidades urbanas y desplaza el eje tradicional de la educación superior, históricamente concentrado en áreas centrales de la ciudad.
Otra ficha clave que mueve Llaryora en la ciudad
Para el gobernador Martín Llaryora, la expansión de la UPC se inscribe en la narrativa de “federalización universitaria”, un concepto que articula infraestructura, descentralización territorial y construcción de presencia estatal. La universidad opera como política pública, pero también como herramienta de poder blando: forma capital social, genera pertenencia institucional y construye legitimidad en territorios donde el Estado suele aparecer de forma fragmentada.
En el plano municipal, la obra también fortalece la estrategia de gestión de Daniel Passerini en la zona sur, una región históricamente atravesada por demandas sociales estructurales y baja presencia de proyectos de desarrollo de largo plazo. La universidad no ofrece soluciones inmediatas, pero sí construye horizonte: transforma la lógica del territorio, revaloriza el barrio y redefine expectativas sociales.
La clave política del proyecto no está solo en el edificio, sino en su sostenibilidad. La diferencia entre política pública transformadora y relato institucional no la marca el anuncio, sino la continuidad de la oferta académica, la calidad educativa, la permanencia estudiantil y la capacidad real de inclusión de los sectores populares. Con esta edificación ya se contabilizan 14 sedes en la provincia.
En ese equilibrio se juega el verdadero sentido de la obra: si la universidad se consolida como espacio vivo de formación, movilidad social y producción de conocimiento, será una herramienta estructural de transformación territorial. Si queda reducida a infraestructura sin integración real, será apenas un símbolo.