El Ministerio Público de la Defensa participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, junto a representantes de otros organismos del Estado y entidades de la sociedad civil. En ese marco, los representantes del Ministerio Público de la Defensa plantearon la “preocupación” que existe por las condiciones de detención en dependencias de la Policía de Entre Ríos y, específicamente, el déficit existente en la atención de problemáticas de salud mental de las personas privadas de su libertad en esos ámbitos.
El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está conformado, como indica la ley de su creación, tanto por el Comité Provincial como por el Consejo Consultivo. Este último es un órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente; es ad honorem y debe reunirse al menos dos veces al año.
Del encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Paraná, participaron el defensor coordinador Gaspar Reca y la responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, Lucía Tejera. Además estuvieron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia, la UNER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Colegio de Psicólogos y organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.
Al inicio de la reunión, los integrantes del Comité expusieron acerca de los pasos dados durante los últimos años hasta lograr recientemente su pleno funcionamiento. Luego presentaron un informe con estadísticas que dan cuenta del aumento de la cantidad de personas privadas de su libertad en la última década, tras lo cual plantearon tres ejes de trabajo: el acceso a la salud, las detenciones en dependencias policiales y el acceso a la educación.
En su intervención, el defensor Gaspar Reca se refirió a los “graves problemas existentes por la ausencia de una correcta atención de situaciones de salud, y específicamente de salud mental, de las personas que permanecen detenidas en dependencias policiales”, sobre todo en el interior de la provincia. Uno de los principales inconvenientes se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, algo que en general también se advierte en las unidades penales.
Los presentes coincidieron en la necesidad de profundizar el abordaje de estos temas, solicitar informes, conformar mesas de trabajo específicas y elaborar propuestas para ser evaluadas en la próxima reunión.
El encuentro fue encabezado por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; los representantes de organismos de derechos humanos, Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario Ejecutivo, José Morales. También integra el Comité el diputado Silvio Gallay.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora