La Justicia procesó al responsable de una serie de llamadas falsas al 911, en los que alertaba por la presencia de aparatos explosivos en aviones que estaban saliendo o llegando de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque: era todo una broma de un chico de 21 años escondido tras una PC en La Falda, Córdoba.
El joven, identificado como T.L.D, era estudiante de informática y había montado un laberinto virtual para poder enmascarar las llamadas que realizaba, en el cual incluía el presunto uso de datos robados, direcciones IP del exterior y líneas virtuales. Se estima que realizó más de 30 llamados falsos en apenas poco más de un mes.
El joven fue detenido el pasado 8 de agosto pero ayer fue procesado. Se lo acusa por tres amenazas ocurridas el 23 de julio, en los que alertaba por artefactos explosivos en distintos aviones. El primero era un vuelo que llegaba a Ezeiza desde Mendoza y luego iría a Miami.
Luego volvió a llamar para alertar por un vuelo de Flybondi que estaba listo para salir de Aeroparque a Salta. El avión ya estaba lleno, por lo que debieron bajar a todos los pasajeros.
El tercero se trataba de un vuelo que había llegado a Ezeiza desde Cancún, y que sus pasajeros ya habían desembarcados. Los distintos operativos para chequear que no haya explosivos en ninguno de los aviones costaron arriba de 11 millones de pesos y emplearon a unos 25 oficiales.
A partir de las llamadas falsas el caso comenzó a ser investigado por el juzgado federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, que trabajó con Policía de la Ciudad para tratar de rastrear al autor de los llamados.
Allí encontraron que todos ellos provenían de un mismo número. Sin embargo, se trataba de una línea telefónica virtual, que no tenía asignado un celular en concreto y se manejaba desde la computadora
Para tratar de enmascarar las llamadas, el atacante utilizó un servicio de VPN, el cual cambia el lugar desde donde figura la conexión. Así, en los registros aparecía que el número atacante se conectaba desde Estados Unidos, Chile o España. A veces, cambiando de lugar en unos pocos segundos.
El teléfono figuraba a nombre de una joven que declaró vivir en la localidad de Alberdi a la hora de registrarse en el formulario, pero sin especificar la provincia. Hay tres ciudades con ese nombre en el país. La dirección real asociada a ese nombre estaba en Entre Rios.
Pero los datos de facturación, conexión, mail o registro estaban vinculados con los miembros de una familia de pastores evangélicos de La Falda, en Córdoba. Entre todos ellos destacaba uno de los hijos del matrimonio, un chico de 21 años que estudiaba informática.
Los investigadores comenzaron a pedir más datos de los registros de llamadas del número virtual trucho que se utilizó para las falsas amenazas de bomba. Encontraron que había realizado al menos unas 38 llamadas al 911 entre el 1 y el 25 de julio.
Cuando los oficiales siguieron indagando en las llamadas realizadas, encontraron amenazas a comisarías, algunas en las que no llegaba a hablar, otras con voz distorsionada. Incluyendo una ocurrida el 20 de julio, en donde alertaba: «Voy a poner una bomba… en tu corazón», antes de colgar el teléfono.
Las amenazas a los aviones no fueron las únicas. Por ejemplo, se le encontró un llamado denunciando un falso tiroteo en una vivienda en Mar del Plata; se hizo pasar por un chico tucumano que escuchaba un caso de violencia de género en su barrio.
Incluso hizo un acting elaborado en el que decía estar pidiendo una pizza de pepperoni, pero hablando en código con la operadora del 911 para dejarle entrever que estaba en peligro junto a otros menores de edad, dejando una dirección a la cual enviar personal policial.
A partir de esos datos, la policía allanó la vivienda de la familia, ubicada en la localidad de La Falda. Secuestraron un teléfono iPhone 12 y dos computadoras, incluyendo una donde aparecían los registros de la línea virtual.
El chico negó haber realizado las llamadas, aunque tuvo inconsistencias para explicar cómo estuvo vinculado a los datos de los teléfonos que realizaron las amenazas.
La justicia decidió procesar al joven por el delito de intimidación pública reiterada. Además le instalaron una tobillera electrónica, prohibición para salir del país, retención del pasaporte y la obligación de comparecer ante cualquier requerimiento judicial.
También le ordenaron un embargo sobre sus bienes de 15 millones de pesos para pagar los gastos ocasionados por las llamadas que obligaron a revisar los tres vuelos.