Una denuncia sobre venta de sentencias judiciales roza a un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La presentación implica también a una relatora del Poder Judicial que acaba de concursar para ser jueza federal en la capital de esa provincia. Y la pareja de esta funcionaria, que es un docente universitario, está bajo investigación en esta trama.
Se trata de un pleito que enfrenta a funcionarios públicos de alto nivel. Quien denunció el intento de venta de una resolución judicial es el jefe de la División Investigaciones de la Delegación Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, quien tiene un hijo que está bajo investigación judicial por delitos tributarios. El denunciante aseguró, presentando evidencias, que le pidieron 80 mil dólares para que el caso tuviera una resolución favorable a su hijo.
La denuncia de este caso se produjo en abril pero pese a circular en redes sociales no llegó a los medios tucumanos hasta que los periodistas Irene Benito y Ezequiel Nino, en el sitio online de la asociación civil Justa, publicaron la semana pasada un detallado artículo del estado del pleito, que involucra a miembros del círculo rojo de la provincia.
La presentación la hizo Mario Martínez Salazar Pérez, el funcionario de ARCA, en la Fiscalía Federal 2 de Tucumán a cargo de Agustín Chit, el 29 de abril pasado. Según dijo un hombre llamado Luis Alejandro Ontiveros, que se le presentó como sobrino del camarista federal Mario Leal, le propuso un encuentro en un bar. En el encuentro le dijo que su mujer, Solana Esther Casella, es la relatora del camarista Leal, a la vez que directora interina de la Cámara Federal.
La reunión entre Martínez Salazar y Ontiveros se dio en el bar Del Turista. Se produjo porque un conocido de ambos hombres que es funcionario de ARCA los vinculó. Ontiveros había trabajado en la ex AFIP
«En la cafetería Del Turista, Ontiveros apagó el celular y me hizo apagar el mío, y me comentó sobre el trámite de la causa en la que se investiga a mi hijo. Me dijo que a cambio de U$S 100.000 podría encargarse del sobreseimiento de mi hijo en tanto su esposa (Solana Esther Casella) trabajaba como relatora del camarista Mario Leal. En ese momento le dije que no tenía ese dinero, me molesté mucho, me sorprendí, me levanté y me fui», dice la presentación de Martínez Salazar citada por el sitio Justa.
Ese encuentro se dio en momentos en que la Cámara Federal de Tucumán analizaba la causa que implicaba al hijo de Martínez Salazar. Este decidió aceptar un segundo encuentro propuesto por Ontiveros. Como la cita era en un bar que estaba cerrado Ontiveros, según la denuncia, invitó a Martínez Salazar a subir a su vehículo Toyota Corolla Cross. Fue el 15 de abril de este año. «Ya sabés cómo es esto, tenemos lo de tu hijo para resolver, son U$S 80.000», asegura el funcionario de AFIP que le dijo Ontiveros arriba del auto, para que su hijo resultara desvinculado de la causa penal.
‘En la cafetería Del Turista, Ontiveros apagó el celular y me hizo apagar el mío, y me comentó sobre el trámite de la causa en la que se investiga a mi hijo. Me dijo que a cambio de U$S 100.000 podría encargarse del sobreseimiento de mi hijo en tanto su esposa trabajaba como relatora del camarista Mario Leal’
Martínez Salazar le pidió tiempo a Ontiveros pero al día siguiente, 16 de abril de 2025, este le pasó un mensaje de audio para preguntarle qué había decidido. Martínez Salazar volvió a pedirle que esperara. Y ante una insistencia le dijo que necesitaba vender un auto para reunir el dinero.
El 21 de abril a las 18.30 los dos hombres volvieron a coincidir en el bar Nico en el Open del shopping Yerba Buena. Martínez Salazar llevaba un micrófono oculto con el que grabó la conversación. «Ontiveros me dijo que si yo aceptaba tendría que entregar una primera parte y, luego, la segunda cuando, 15 minutos antes de que salga publicada la resolución, él me la comparta. En ese momento le digo que no y no vuelvo a tener contacto con él», dijo en la denuncia. Donde se deja constancia de que Martínez Salazar aportó videos y fotografías del encuentro, un audio de la conversación y capturas de pantalla de los chats.
En mayo el juez federal José Manuel Díaz Vélez autorizó la solicitud del fiscal de secuestrar el teléfono de Luis Alejandro Ontiveros y Ricardo Angel Ontiveros lo que se hizo el 4 de junio cuando ambos hermanos caminaban en la calle. El 23 de junio el magistrado aceptó a Martínez Salazar como querellante.
Son varios los elementos que llevan a presumir la conexión entre Ontiveros y el camarista. El fiscal Agustín Chit consignó en su dictamen que al primer encuentro, en el Bar Del Turista, Ontiveros llegó en un Fiat Toro bordó dominio AE026UD registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con uso asignado a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. «Ese dato fue corroborado por la propia Cámara Federal, en tanto por oficio se indicaron los vehículos asignados a las vocalías y figura el vehículo Fiat Toro color bordo dominio AE026UD, con destino a la vocalía de Mario Leal», indica el fiscal Chit en su escrito.
También el fiscal acreditó que Luis Ontiveros usaba la billetera virtual del camarista Leal para pagar consumos propios. Este último, su pareja Solana Casella y Leal aparecen en publicaciones regulares como miembros de la misma cátedra de Derecho Privado I de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Casella, que es relatora de Leal, ingresó en 2021 a la Cámara Federal por una designación sin concurso.
Luis Ontiveros le refirió al sitio Justa por e-mail que la denuncia de Martínez Salazar es la única en su contra, que autorizaron medidas lesivas de sus garantías sin pruebas por lo que recusó al juez federal Leal. Y que interpreta la denuncia, que señala es una infamia, como un acto para perjudicar que su mujer Solana Casella acceda al cargo de jueza federal de Tucumán por el que concursó.
Martínez Salazar dice que el contacto de Luis Ontiveros con él se dio justamente cuando la Cámara Federal que integra Leal, su compañero de cátedra en la UTN, tenía que resolver la situación procesal de su hijo Jerónimo Martínez Pareja, en un pleito en el que está acusado de lavado de activos y delitos tributarios. La Cámara analizaba un dictado de falta de mérito contra este último.
El abogado de Ontiveros dice que es una construcción mendaz el planteo del denunciante. Que los audios de las supuestas grabaciones resultaron inaudibles según pericias de Gendarmería Nacional. Que es inverosímil que un solo vocal en una sala de cinco miembros pueda garantizar el resultado de una resolución. Y que es impensable que la relatora Solana Casella nunca había estado asignada a la causa de Martínez Pareja.
Pese al descargo el 11 de agosto pasado, hace veinte Díaz, el juez federal Díaz Velez le asignó participación como querellante a Martínez Salazar. Está pendiente la extracción forense del contenido del celular secuestrado en la calle a Luis Ontiveros.