Del poder nacional al caso mendocino. El discurso contra la «casta» se estrella contra los hechos. Mientras Karina Milei acumula sospechas en Nacin, en Mendoza el nombre de Laura Jimena Luzuriaga aparece ligado a maniobras oscuras en Catastro. Su caso, denunciado por El Otro en 2023 por Negro Nasif, guarda un parecido llamativo con las maniobras atribuidas a Karina Milei y al exfuncionario nacional Diego Spagnuolo.
Nos repiten que la casta son los otros, pero los nmeros dicen otra cosa. A nivel nacional, Karina Milei cobra el famoso «3«. Y en Mendoza, Laura Jimena Luzuriaga se cobraba un «17 menos«: su baldo en el barrio privado Nuestra Seora del Rosario del Mendoza Rugby Club, en El Bermejo, Guaymalln, estaba valuado de tal modo que pagaba 17 veces menos que sus vecinos en el mismo barrio.
Ese privilegio se sostuvo durante meses y la exceptu del pago del adicional al baldo que s afrontaban ms de 150 familias (151 lotes en total). Para todos ellos, el metro cuadrado se fijaba en $538; para Luzuriaga, apenas en $268. La nica excepcin en un mar de casos iguales.
No hablamos de un error de clculo. Hablamos de la funcionaria que conduce Catastro, el organismo que decide a quin le aprueban una factibilidad y a quin no. Y el paralelismo se vuelve inevitable: Karina con el 3, Luzuriaga con el 17. Dos nmeros distintos, pero una misma lgica de privilegios.
La correccin de 2023
La maniobra fue tan evidente que, tras la investigacin de El Otro, en julio de 2023 sus propios colaboradores rectificaron ese abismo entre su baldo y el resto de los vecinos. El avalo fiscal fue finalmente actualizado y pas de $268 a $538 por metro cuadrado, hoy con la inflacin actual los nmeros parecen efmeros, nivelando la carga impositiva.
Pero lejos de despejar sospechas, la correccin puso el foco sobre su crculo de confianza: Walter Luconi (subdirector de Inteligencia Catastral) y Marcelo Gonzlez (jefe de Departamento). Ambos fueron mencionados en la investigacin como los que habran intentado «dibujar» documentos para justificar la excepcin y, adems, fueron denunciados por ejercer en la prctica privada mientras ocupaban cargos jerrquicos en el Estado.
El diario explic que los funcionarios que tienen «bloqueo de ttulo» cobran un adicional precisamente para no firmar planos ni intervenir en la actividad privada, resguardando la imparcialidad de su funcin pblica. Sin embargo, testimonios recogidos por El Otro afirmaban que Luconi y Gonzlez igual hacan planos y usaban la firma de terceros para validarlos. En otras palabras: cobraban para no firmar, pero sus trabajos igualmente circulaban en el mercado.
El cuestionamiento tcnico
Desde hace aos, la designacin de Laura Jimena Luzuriaga como directora de Catastro y presidenta del Consejo de Loteos fue observada por el rubro de los agrimensores y topgrafos. La crtica era simple: la Direccin de Catastro debera estar en manos de un profesional de la mensura y la topografa, alguien que entienda de territorio y loteos desde la base tcnica y la practica.
Pero la seora Luzuriaga es abogada. En conferencias se la vio dubitativa, recurriendo a su equipo tcnico para responder preguntas. Su legitimidad, ms que por conocimiento, pareca sostenerse en la confianza poltica.
La escena recuerda a lo nacional: Karina Milei, sin preparacin de gestin, recurre a los hermanos Menem para diagramar retornos y acomodos. En Mendoza, Luzuriaga se apoya en tcnicos que hacen lo que ella debera conducir.
Coincidencias que no son casuales
Aqu es donde el caso de Luzuriaga conecta con otros nombres. Su historia se parece demasiado a la de Diego Spagnuolo, funcionario nacional denunciado en el rea de Discapacidad. Tambin abogado, sin formacin en la materia, termin envuelto en un escndalo por supuestas coimas y manejos incompatibles con el cargo.
La diferencia es importante: Spagnuolo ya no es funcionario, es exfuncionario. En cambio, en Mendoza, toda la cpula de Catastro y el Consejo de Loteos -con Luzuriaga, Luconi y Gonzlez- se mantiene en sus cargos al 2025.
Tres escenarios distintos, una misma matriz:
Karina Milei y su «3».
Laura Luzuriaga y su «17 veces menos».
Diego Spagnuolo, exfuncionario, smbolo de la falta de idoneidad.
En todos los casos, se trata de personas colocadas en puestos clave que desconocen la disciplina que deberan conducir. Y en todos los casos, los costos recaen sobre la sociedad: menos transparencia, ms privilegios.
Lo que agrava el cuadro: al 2025, Luzuriaga y su crculo siguen en funciones, con la lapicera de la «factibilidad» en la mano. Para ellos todo es posible; para el ciudadano comn, acceder a un terreno o a una vivienda sigue siendo un camino empinado.
El caso de Luzuriaga, denunciado por EL OTRO en 2023, guarda demasiadas coincidencias con lo que hoy vemos en Nacin. Tal vez la conclusin sea que la transparencia, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, sigue siendo ms una promesa de campaa que una prctica real.
Nombres propios, identidades prestadas
Un detalle que puede parecer menor, pero que suma a la sensacin de opacidad, es la manera en que la funcionaria Laura Jimena Luzuriaga aparece en documentos y actos pblicos.
Segn registros oficiales y presentaciones, en ocasiones se identifica como Laura Luzuriaga; en otras, como Jimena Luzuriaga; y en documentos ms formales figura con su nombre completo: Laura Jimena Luzuriaga Sammartino.
Se trata de un descuido inocente? Posiblemente. Pero el resultado es otro: dificulta el seguimiento pblico de su accionar y genera la impresin de un doblez innecesario en la construccin de su figura. A diferencia de un ciudadano comn, que debe firmar siempre igual para ser reconocido, una alta funcionaria que juega con variaciones de su nombre deja flotando la duda: busca confundir, aunque sea de manera inconsciente, a quienes intentan rastrear sus antecedentes?
En un contexto donde la transparencia debera ser absoluta, hasta ese tipo de «licencias» terminan alimentando la sospecha. Porque, al final, es tan fcil de comprobar como de evitar.
Laura, Jimena o ambas: cuando el nombre se vuelve un espejo poco transparente
El doble estndar de los funcionarios: del ajuste a los discapacitados al castigo a los humildes
Qu peligroso resulta poner en manos de estos funcionarios reas tan sensibles, ambos abogados de profesin , sin especializacin que los califique para estas reas sensibles . El ejemplo ms crudo fue el de Diego Spagnuolo: cuando estuvo al frente de la ANDIS, recort ms de 100.000 pensiones a personas con discapacidad. La crueldad se volva burocracia: personas a las que les faltaba una pierna o un brazo deban levantarse a las 4 de la maana para ir a una oficina a «demostrar» que efectivamente tenan una discapacidad. La humillacin convertida en poltica pblica.
En paralelo, en Mendoza la lgica es otra, pero igual de perversa. Los mismos funcionarios que tienen la lapicera de la factibilidad no dudan en tildar de clandestinos a barrios humildes, a fraccionamientos populares donde las familias luchan por poder acceder a la tierra y levantar una casa . La palabra clandestino se usa como una marca despectiva, un sello que condena.
Pero cuando se trata de emprendimientos exclusivos, la vara cambia. Barrios privados como Dalvian, con orgenes en ttulos supletorios -es decir, terrenos que no fueron adquiridos en el mercado formal, sino apropiados – reciben todas las facilidades: documentacin al da, concesiones rpidas, permisos que fluyen sin trabas. Hoy, Dalvian es uno de los lugares ms caros de Mendoza, un smbolo de status, construido sobre bases que en cualquier barrio popular hubieran sido descalificadas y clasificadas como «clandestinas».
El contraste es brutal: a unos se los estigmatiza, a otros se les allana el camino. Todo esto en una provincia donde el dficit habitacional supera las 130.000 viviendas, y donde el acceso a la tierra debera ser prioridad social.
Hoy, en la cpula del catastro nacional
Lejos de haberse apartado, Laura Jimena Luzuriaga no slo contina al frente de la Direccin General de Catastro de Mendoza y de la presidencia del Consejo de Loteos. Actualmente tambin figura como Secretaria del Consejo Federal de Catastro de la Repblica Argentina (CFC), segn el sitio oficial cfcatastro.gob.ar.
Este organismo tiene un peso simblico y tcnico enorme: rene a todas las direcciones de catastro del pas, coordina polticas comunes y sirve de referencia nacional en materia de gestin territorial. All, la representacin mxima la ocupa un agrimensor sanjuanino, Juan Pablo Quattropani, como Presidente. Y en la secretara aparece la firma de Dra. Laura Jimena Luzuriaga, abogada, en nombre de Mendoza.
El contraste es evidente: pese a las denuncias locales y a las observaciones del propio sector de agrimensores, Luzuriaga se proyecta hoy como figura nacional en el catastro argentino. Una legitimacin formal que parece blindar su posicin, aunque la base de crticas siga intacta.
«De Mendoza a la Nacin: la proyeccin de Luzuriaga».
Un privilegio exclusivo y sin disimulo
La investigacin de EL OTRO dej al descubierto un dato central: la directora de Catastro, con todas las facultades que su cargo le otorga, decidi beneficiarse nicamente a s misma. No fue un «error colectivo» ni un beneficio extendido a su barrio. Podra, al menos, haber disimulado bajando el avalo de todos sus vecinos para diluir la irregularidad. Pero no: se baj exclusivamente el monto de su propio avalo fiscal para pagar menos impuestos.
Ese gesto habla de una funcionaria sin escrpulos, capaz de manipular el sistema que debe garantizar equidad para obtener una ventaja personal. Y lo ms alarmante: pese a ser abogada, pese a que su accionar qued expuesto pblicamente, sigue en su puesto al 2025.
La conclusin es inevitable: si sigue en funciones, es porque alguien la sostiene. Y ese alguien tiene nombre y apellido: Alfredo Cornejo, que desde su primer gobierno hasta hoy, atravesando la gestin de Rodolfo Suarez, eligi mantenerla al frente de Catastro y del Consejo de Loteos.