La Justicia federal de Corrientes, se declaró “incompetente” para continuar con la investigación por la sustracción de una beba recién nacida a su madre, tras dar a luz en una clínica céntrica de la capital provincial. El caso ocurrido a fines de enero de 1993 y denunciado por Alicia Enriquez, ya había sido rechazado en 2021 por la Justicia ordinaria, aduciendo la prescripción de la causa. La madre de aquella niña, lleva 32 años buscándola y 7 de ellos entre los estrados judiciales pidiendo que alguien la ayude a poder recuperarla.
El caso, que fuera reflejado hace unos años atrás por diario época, tiene como protagonista a Alicia Enriquez, una mujer oriunda de la localidad de Santa Rosa, quien en el 2019 y luego de varios años de buscar individualmente a la criatura, comenzó a desandar el camino judicial, en su cruzada por intentar recuperar a su hija María Ines, tal como fue inscripta al nacer dentro de una clínica privada de la capital correntina.
La mujer había hecho inicialmente una denuncia en la Fiscalía de Instrucción de Santa Rosa y de allí giraron el Expediente bajo el número Nº215595/19, por “Supresión de Identidad” y, que se tramitó en el Juzgado de Instrucción Nº2 de la capital de Corrientes, a cargo de la doctora Agostina Falcione. Pasó poco más de dos años, cuando Alicia recibió la notificación de la misma jueza en la que indicaba que la causa “prescribió”, debido a la cantidad de años que pasaron desde el hecho a la denuncia formal.
No conforme con esta explicación, Alicia recurrió a la Justicia federal y en mayo del 2022, con el patrocinio letrado del doctor Conrado Rudy Pérez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, fueron a la instancia federal, abriendo un expediente FCT N°1697/2022 en el que depositaban todas las esperanzas de poder avanzar en la investigación del caso.
Todo se derrumbó, cuando el 4 de agosto el juez Juan Carlos Vallejos del Juzgado Federal N°1 de primera instancia y la Secretaría de Derechos Humanos N°7, declararon la incompetencia parcial para entender en la causa. El argumento utilizado por el juez indica que las leyes de Trata de Personas que habilitan a la Justicia federal son posteriores a la fecha de los hechos denunciados. El mismo juzgado además, ordenando remitir el expediente una vez más a la Justicia provincial, la misma que ya le cerró las puertas hace cuatro años. La Justicia federal entiende que en este caso, el hecho denunciado en la causa por servidumbre, sustracción, ocultamiento y supresión de la identidad de un menor de 10 años deberá remitirse al Juzgado de Garantías en turno de la ciudad de Corrientes para su prosecución.
Alicia tiene un hijo de 22 años que la acompaña en su cruzada. “Fui a buscar justicia y me cerraron las puertas, tanto en el fuero provincial, como en el federal. Yo solo quiero encontrar a mi hija y decirle que hace 32 años que la estoy buscando, que jamás me olvidé de ella. No voy a bajar los brazos y vamos a volver a insistir en la Justicia provincial. No estoy buscando venganza, solo quiero poder encontrarla y que me conozca y podamos abrazarnos”, contó la mujer en diálogo con diario época.