Las heridas generadas por las derrotas legislativas consecutivas sufridas en la sesión de la semana pasada continúan incomodando al oficialismo, especialmente a la figura de Milei. Luego de la votación en Diputados, se habilitó la discusión en comisiones para reactivar la comisión de investigación sobre el caso $LIBRA. En la discusión aparece un nuevo proyecto que destrabaría el funcionamiento de la investigación legislativa. Un escenario complicado a pocas semanas de las elecciones.
Luego de cuatro meses de parálisis, la oposición logró destrabar la comisión investigadora de la megraestafa realizada con el token $LIBRA en la Cámara de Diputados. Durante la sesión de la semana pasada, los bloques opositores (Unión por la Patria, FIT-U, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre) forzaron un plenario de comisiones con el objetivo de avanzar en la modificación del reglamento de funcionamiento de la comisión.
En esa contundente derrota sufrida por el gobierno libertario (12 votaciones en contra), se incluyó la obligación de que las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza Silvia Lospennato (PRO), se reúnan a discutir el próximo miércoles 17.
En ese plenario se pondría en discusión un nuevo proyecto impulsado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que busca resolver el empate en la elección de autoridades estableciendo que la presidencia recaiga en el miembro propuesto por los bloques con mayor representación en la Cámara (actualmente la oposición), mientras que la vicepresidencia sería para el oficialismo. De aprobarse, la comisión tendría tres meses para investigar y uno adicional para emitir un dictamen, lo que coincidiría con la campaña electoral.
¿En qué había quedado la comisión?
Desde su creación en abril el funcionamiento de la comisión ha estado estancado. La razón: todas las maniobras implementadas por el oficialismo y sus aliados (PRO, UCR y MID) para entorpecer cualquier avance en la investigación que apunta directamente contra el presidente y su hermana.
Para congelar cualquier tipo de progreso, el oficialismo ha intentado:
- Manipular la integración de la comisión: El oficialismo fragmentó bloques para alterar la proporción de miembros, llevando la comisión a un número par (28 integrantes), lo que generó un empate en la votación por la presidencia.
- Bloquear la elección de autoridades: En la única sesión realizada (abril 2024), LLA y aliados (PRO, UCR, MID) votaron por Gabriel Bornoroni como presidente, mientras la oposición apoyó a Sabrina Selva (UP).El empate (14-14) congeló el proceso.
- Buscar la dilación judicial: Algunos legisladores oficialistas han sugerido que la investigación debería quedar en manos de la Justicia, pese a que el Congreso tiene facultades propias para indagar posibles irregularidades.
Durante estos cuatro meses, el Parlamento con todas sus limitaciones ha intentado, mediante otros procesos, buscar algún avance en la investigación, pero el oficialismo ha bloqueado todas esas instancias. Han sido varios los pedidos de interpelación a funcionarios del gobierno para que den explicaciones sobre el caso, aunque ninguno tuvo un efecto positivo.
Por un lado, algunos fueron rechazados por ambas cámaras, como el llamado a Karina Milei o a Manuel Adorni, que el Senado desestimó. En Diputados, algunos llamados llegaron a concretarse, aunque los implicados no se presentaron, como fue el caso de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. En la Cámara Baja, Guillermo Francos fue el único en comparecer, aunque, por la dinámica de estos procesos, las respuestas del jefe de Gabinete no aportaron ningún avance.
El nuevo proyecto para reactivar la comisión
La nueva iniciativa propone modificar el reglamento de la comisión para resolver el empate en la elección de autoridades. El proyecto establece que:
- La presidencia será para el candidato propuesto por los bloques con mayor representación en la Cámara (hoy la oposición).
- La vicepresidencia quedará en manos del oficialismo.
- La secretaría será designada por los bloques que apoyaron al presidente electo.
Además, este nuevo reglamento otorga a la presidencia el control sobre la agenda, y su voto valdría doble en caso de empate.
Si se aprueba, la comisión tendría tres meses para investigar (con facultades para citar testigos, pedir documentación y solicitar allanamientos) y un mes adicional para emitir un dictamen. En ese caso, la comisión:
- Definiría la agenda de investigaciones, priorizando testimonios clave (como los de Hayden Davies, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy).
- Podría citar a declarar al presidente Milei, aunque la resistencia oficialista podría buscar blindarlo.
- Tendría acceso a documentos reservados, como comunicaciones entre funcionarios y los involucrados en el lanzamiento de $LIBRA.
- Podría emitir un dictamen que podría derivar en un juicio político.
Últimos avances del caso en la Justicia
Mientras se desarrolla la discusión en Diputados, en las últimas semanas surgieron datos reveladores sobre JulianPeh (CEO de KIP Protocol) y Hayden Davies (CEO de KelsierVentures), dos actores clave en la promoción de la estafa vinculada al presidente.
En el marco de la investigación judicial, se confirmó que Peh ingresó al país en octubre de 2024 bajo su nombre real, PehChyiHaur (no “JulianPeh”), usando documentos falsos. Esa visita ocurrió durante el TechForum, organizado por empresarios del sector cripto cercanos al presidente, donde el CEO singapurense se reunió con Javier Milei. Tras el estallido del escándalo, el gobierno intentó atribuirle el manejo de $LIBRA en un comunicado, minimizando el rol de Davies.
Por su parte, Hayden Davies declaró recientemente en tribunales de Nueva York que coordinó con Milei el lanzamiento escalonado de $LIBRA y que la eliminación del tuit presidencial agravó el fraude. Además, aparecieron nuevos datos que complican al presidente, como lo informado por los registros migratorios:el empresario estadounidense visitó Argentina seis veces en 2024, incluyendo reuniones en la Casa Rosada.
Mientras se debate la reactivación de la comisión legislativa, la causa avanza con una audiencia clave en EE.UU. el 19 de agosto. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano ordenó nuevas indagatorias en la justicia argentina.
Sin movilización no hay avances
Las herramientas institucionales, en este caso las parlamentarias, o los avances en materia judicial sobre esta investigación, pueden tener sus elementos positivos, pero están repletas de limitaciones. Todos estos escenarios responden al poder, no a los trabajadores. Pero, en el contexto de crisis por el que se encuentra atravesado el oficialismo, la más amplia movilización, les daría la celeridad necesaria a estos procesos para castigar a los responsables.
Cada nuevo avance judicial, tanto en EE.UU. como en Argentina, complica más a los imputados y deja sin coartadas a los hermanos Milei, especialmente al presidente, quien promocionó la criptoestafa desde su cuenta oficial de X. Un ejemplo de las maniobras oficialistas fue sobredimensionar el papel de Peh y minimizar el de Davies, pese a las pruebas en su contra. Otra incógnita pendiente es identificar a los receptores de las transferencias millonarias realizadas por Davies en enero y febrero.
Con un nuevo reglamento para la comisión y las indagatorias en marcha, es crucial que la presión social acompañe estos procesos para evitar que el blindaje político y judicial del oficialismo frene la rendición de cuentas.
Con una investigación que quedará enmarcada durante el calendario electoral, hay que aprovecharla, para que el blindaje político y judicial que ha venido construyendo el oficialismo en los últimos meses, se derrumbe, y de una vez por toda, todos los responsables de la estafa sean castigados.