El diputado nacional y ex gobernador Gustavo Bordet anunció un nuevo proyecto de ley para crear el Régimen de Fomento Permanente para Micro y Pequeñas Empresas (FOMIPYMES), que propone beneficios fiscales, laborales y financieros para pequeños productores, cooperativas y fábricas recuperadas.
Con un discurso que apela a “la economía real” y la necesidad de “cuidar el trabajo argentino frente al modelo de privilegios para los grandes capitales extranjeros”, Bordet intenta reposicionarse como un referente del desarrollo productivo federal.
Sin embargo, su propuesta enfrenta un escollo que aún resuena en la justicia entrerriana: el escándalo por corrupción en el programa Jóvenes Emprendedores, implementado durante su gobierno y hoy investigado por la malversación de más de 250 millones de pesos en créditos públicos.
Un modelo de apoyo productivo que terminó en fraude
Entre 2016 y 2022, el gobierno de Bordet promovió el acceso a créditos blandos para jóvenes menores de 40 años con iniciativas productivas. La bandera era clara: inclusión, federalismo, y una nueva generación de emprendedores para fortalecer las economías regionales.
Pero el plan terminó convertido en un agujero negro para las arcas provinciales y un escándalo judicial con varios exfuncionarios designados por Bordet en el centro de la escena.
El respaldo político: Desarrollo Social y la Secretaría General
Detrás de estos funcionarios, el programa operaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, entonces a cargo de Laura Stratta, hoy diputada Provincial. Desde esa cartera se aprobaron contrataciones, se firmaron convenios sin licitación y se nombraron funcionarios de confianza directa que manejaron sin controles los fondos de los créditos para jóvenes.
Stratta, además, fue señalada por haber desarrollado estructuras paralelas con cargos políticos en el Senado, donde designó a algunos de los operadores que antes participaron del esquema de créditos. Muchos de esos contratos nunca tuvieron funciones específicas o terminaron siendo “asesores” de programas inexistentes, hasta el momento la justicia parece shakira; ciega, sorda y muda.
Por su parte, el entonces Secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos, tiene múltiples acusaciones de corrupción y actualmente se encuentra detenido en Paraguay y en argentina enfrenta imnumerables causas judiciales por ejemplo:
Causa Securitas: Se le acusa de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con el Estado provincial. Se han presentado videos en los que se lo observa manipulando fajos de billetes en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Además, se le vincula con la adquisición de propiedades de lujo mediante una empresa fantasma.
Enriquecimiento ilícito y lavado de activos: La justicia federal investiga su patrimonio, que incluye propiedades de lujo en Paraná y movimientos financieros sospechosos. Se le vincula con empresarios que habrían pagado sobornos a cambio de contratos.
Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos fue quien avaló institucionalmente el programa en los papeles oficiales y gestionó su visibilidad política. Kueider está mencionado en al menos dos causas judiciales vinculadas a presuntas contrataciones irregulares y desvío de fondos en el Estado provincial, aunque hasta ahora no ha sido imputado formalmente pero la juisticia es lenta cuando quiere.
¿Qué falló?
Se aprobaron créditos sin verificación real de los proyectos ni visitas a terreno.
Se falsificaron firmas, convenios y rendiciones. Incluso se enviaron listados adulterados al Tribunal de Cuentas.
Jóvenes vulnerables fueron usados como “pantalla”, mientras el grueso del dinero era desviado.
No se iniciaron acciones judiciales para recuperar los fondos, a pesar de que se informó lo contrario.
El daño al Estado provincial se calcula en más de 250 millones de pesos, en una trama que la Justicia calificó como un “sistema sistemático de fraude”.
El contraste con FOMIPYMES
El nuevo proyecto presentado por Bordet en el Congreso pretende crear un régimen de beneficios estructurales para microempresas: exención de aportes patronales, reducción de Ganancias, eliminación de retenciones, acceso al crédito preferencial y facilidades comerciales.
Sin embargo, la confianza en la capacidad de ejecución de este tipo de programas por parte de Bordet queda en entredicho, a la luz del precedente reciente. El mismo político que impulsa hoy una legislación para dar alivio y previsibilidad a pequeños emprendedores, fue quien gestionó —y defendió públicamente— un plan que se convirtió en una estructura de corrupción.
Bordet habla de futuro, pero la Justicia mira hacia el pasado
“El régimen RIGI y la apertura indiscriminada están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestras economías regionales”, advirtió Bordet al presentar FOMIPYMES. Y agregó: “Este proyecto es una respuesta federal y justa para cuidar lo nuestro”.
Pero mientras el ex gobernador impulsa beneficios fiscales en el Congreso, los expedientes judiciales en Paraná avanzan contra su exequipo de trabajo, con pericias contables, análisis de cuentas bancarias y cruces de llamadas que comprometen aún más el andamiaje institucional que él mismo construyó.
La intención de Bordet de reposicionarse como defensor de las MicroPymes tropieza con el recuerdo —aún fresco y vigente— de una política pública que prometía inclusión y terminó bajo sospecha de ser una red de estafa al Estado. Y mientras el nuevo proyecto habla de transparencia y federalismo, el pasado reciente recuerda que varios de los ejecutores de aquellas promesas están hoy imputados, y otros ocupan bancas legislativas blindadas por fueros.