La conocida teoría de las ventanas rotas de J. Wilson y G. Kelling plantea que ante el desorden y el deterioro instalados en una comunidad que tolera ventanas rotas sin repararlas la delincuencia aumenta. La metáfora bien puede extenderse a otros terrenos y plantear, por ejemplo, el caso de que si una sociedad, acostumbrada a la ventana rota, se despreocupa masivamente por la corrupción, esta aumentará inexorablemente.
En esa dirección, los ciudadanos tendemos a volvernos más permisivos, hacemos la vista gorda ante la ilegalidad, el acomodo, las pequeñas corruptelas cotidianas, cuando no las protagonizamos. Ni que hablar frente a la malversación de fondos del Estado, la manipulación de contratos públicos y los fraudes fiscales. Una Justicia muchas veces cómplice y otras dormida más de la cuenta consagra la impunidad. Las malas costumbres argentinas se rigen por una inercia que no será sencillo desactivar; en el extranjero eso se identifica ya como parte de nuestra cultura, a tal punto que hablamos incluso de la “democratización de la corrupción”.
En escenarios así de opacos, aquellas figuras que expresan el sentido del deber que pareciera haberse perdido y lo llevan hasta sus últimas consecuencias se destacan fulgurantes para devolvernos la esperanza. En un encuentro que tuvo lugar hacia fines del año último, el fiscal general Diego Luciani puso en palabras sus sentimientos y los de muchos de sus colegas. Dijo que los fiscales se vieron “sometidos a todo tipo de operaciones siniestras”. Recordó, por ejemplo, el robo de las declaraciones juradas de varios jueces, el hackeo de sus teléfonos y el espionaje, las presiones y los ataques que organismos internacionales denunciaron como graves. Luciani mencionó también el preocupante papel de la cuestionada Secretaría de Derechos Humanos, que defendió a los corruptos a través de pasquines financiados con dineros públicos en 2023 y, más grave aún, las reiteradas intervenciones del presidente Alberto Fernández, de sus ministros y de distintos funcionarios dirigidas a desestabilizar su tan valioso como peligroso trabajo. Muchos recordamos los dichos del impresentable Alberto Fernández, a horas de haber concluido Luciani su histórico alegato en la causa Vialidad, cuando afirmó: “Nisman se suicidó y espero que Luciani no se suicide”. Inquietante comentario de tipo mafioso desde la cúspide del poder.
Precisamente de eso se trata. De haber puesto en juego la vida. La propia y la de sus familias, por cuyo futuro están dispuestos a jugarse enteros. “Presiones impensadas en democracia”, resumiría Luciani, preocupado por llegar a la sociedad con un lenguaje claro para que se entienda “lo que había sucedido durante doce años”, hasta arribar a la condena de Cristina Kirchner.
Son muchos más los que dan batallas frente a una creciente cantidad de mafias que buscan amedrentarlos para que abandonen sus cruzadas
“Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones… Nos aferramos a la ley, nos aferramos a la Constitución nacional y no pudieron doblegarnos”, sostuvo orgulloso quien se ha ganado el respeto y la admiración de los que reconocen su valentía y determinación.
Afortunadamente, hay más fiscales valientes, como Carlos Stornelli, perseguido vilmente de mil maneras; Ignacio Mahiques y Sergio Mola, actores claves también en la causa Vialidad, y Fabiana León, librada en soledad a su suerte con una de las investigaciones más complejas e importantes de todos los tiempos, como es la de los cuadernos de la corrupción. También debe destacarse el trabajo de Raúl Pleé como fiscal ante la Cámara Federal de Casación. José María Campagnoli es otro excelente ejemplo de quien, sometido a escarnio, persecución y suspensión por cumplir con su función de investigar, sigue haciendo su trabajo y denunciando la falsa renovación de la Justicia en tiempos de kirchnerismo. Recordemos también el brillante desempeño de la fiscal Cecilia Goyeneche que la condujo a su destitución –ya anulada por la Corte Suprema de Justicia– por empujar las denuncias que condujeron a la condena del nefasto exgobernador Sergio Urribarri en Entre Ríos. También a Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que enfrentan al narcotráfico en Rosario.
Un párrafo aparte merece el procurador general interino, Eduardo Casal, quien debería ser confirmado o titularizado como procurador titular. Con su estilo y personalidad templada, y su honestidad, se ha ganado con creces la continuidad en ese cargo estratégico en nuestro sistema judicial.
Vale también homenajear a los fallecidos Julio Strassera, fiscal del Juicio a las Juntas Militares; Alberto Nisman, quien pagó con su vida haber investigado el más grave atentado que tuvo el país en toda su historia, y Germán Moldes, con un papel destacado en causas relacionadas con el kirchnerismo y el atentado contra la AMIA.
Son muchos más los que dan batalla frente a una creciente cantidad de mafias que buscan amedrentarlos para que abandonen sus cruzadas y que se diferencian de ciertos funcionarios judiciales que, como hemos visto recientemente, han puesto desvergonzadamente su ego por encima del servicio a la Justicia. De ellos depende en gran medida la recuperación de la confianza ciudadana en la Justicia. En ellos anidan el sentido del deber y la valentía para enfrentar a quienes pretenden a toda costa conseguir la impunidad. Es preciso renovarles nuestro voto de confianza y un sincero agradecimiento, porque el futuro de nuestra patria está también en sus manos.