(Corresponsalía Buenos Aires) – La magistrada justificó la liberación de los detenidos en la marcha de los jubilados y rechazó cualquier vinculación política. “Mi fallo fue estrictamente jurídico”, afirmó.
En medio de una embestida política sin precedentes, la jueza Karina Andrade defendió su decisión de liberar a los manifestantes detenidos durante la marcha de jubilados y ciudadanos en el Congreso, y dejó en claro que actuó con total apego a la ley. Además, desmintió categóricamente cualquier vinculación con La Cámpora, luego de que sectores oficialistas intentaran desacreditar su fallo con acusaciones infundadas.
“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Hay que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó la magistrada en diálogo con Radio 10. En su fallo, Andrade fundamentó que las fuerzas de seguridad no aportaron información suficiente sobre los motivos de las detenciones, lo que impidió un control judicial efectivo.
La policía llevó adelante un operativo masivo el miércoles por la tarde, con 114 arrestos que luego fueron revisados por el juzgado de Andrade. En la madrugada, la jueza ordenó la liberación de los detenidos al comprobar la falta de pruebas concretas en su contra. La reacción del Gobierno no tardó en llegar: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce en redes sociales y pidió su apartamiento, acusándola de “violación de la Ley de Reiterancia”.
Sin embargo, Andrade se mantuvo firme en su postura y dejó en claro que su decisión no impide que la Justicia continúe investigando si existen delitos. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, sostuvo. En esa línea, citó al reconocido constitucionalista Roberto Gargarella, quien enfatiza que el derecho a la protesta es un pilar de la democracia.
Además, la jueza reveló que los informes policiales eran ambiguos y carentes de detalles fundamentales. “Las detenciones se informaron con frases genéricas como ‘misma situación’ o ‘mismo lugar’. No se describían delitos graves ni se cumplían los requisitos básicos para justificar el encarcelamiento de una persona”, explicó.
Finalmente, Andrade rechazó las versiones que la vinculaban a La Cámpora y fue contundente: “Mi afiliación es sindical, pertenezco a asociaciones judiciales, pero no milito en ningún partido político”.
Mientras el Ministerio de Seguridad avanza con un intento de apartarla de su cargo, el fallo de Andrade vuelve a poner en debate el equilibrio entre el derecho a la protesta y el accionar policial. En un contexto de creciente tensión política, la magistrada reivindicó la independencia judicial y recordó que su labor no es otra que garantizar el respeto por las garantías constitucionales.