El 29 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a identificar y deportar a estudiantes extranjeros y profesores que participaron en protestas propalestinas en universidades estadounidenses.
La medida busca combatir el antisemitismo en los campus y podría afectar a miles de estudiantes internacionales.
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La orden ejecutiva se centra en las protestas que surgieron en abril de 2024 en diversas universidades de Estados Unidos, donde estudiantes y profesores se manifestaron en apoyo a Palestina y en contra de la ofensiva militar israelí en Gaza.
Estas protestas se prolongaron durante tres meses y resultaron en más de 3,100 detenidos.
Según la Casa Blanca, la medida tiene el objetivo de «garantizar que individuos que apoyan ideologías extremistas y promueven la violencia no permanezcan en suelo estadounidense».
El Departamento de Seguridad Nacional ha recibido instrucciones de recopilar datos sobre los manifestantes extranjeros y evaluar su elegibilidad para continuar en el país.
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Organizaciones de derechos civiles, como el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), han expresado su preocupación por la medida, argumentando que podría violar derechos fundamentales y que, de implementarse, impugnarán la orden en los tribunales.
Líderes académicos también han alzado la voz en contra de la decisión presidencial, advirtiendo que podría afectar la libertad de expresión en los campus y generar un ambiente de miedo entre los estudiantes internacionales.
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Según datos del Instituto de Educación Internacional, más de un millón de estudiantes extranjeros cursan estudios en EE.UU., de los cuales un gran porcentaje proviene de países de Medio Oriente y el norte de África.
Muchos de estos estudiantes han expresado preocupación por su futuro en el país, ya que podrían ser sujetos a deportación sin un debido proceso. Algunos han comenzado a buscar asesoría legal para enfrentar posibles sanciones migratorias.
Diversos gobiernos, especialmente en el mundo árabe, han condenado la medida y han advertido sobre posibles represalias diplomáticas. Analistas políticos sugieren que esta orden podría agravar las tensiones entre EE.UU. y países aliados en la región.