(Por Héctor Costa, abogado y analista político) -El reciente conflicto entre las autoridades porteñas y los diplomáticos rusos ha sacado a relucir una serie de contradicciones en la aplicación de las normativas internacionales y locales. Más allá de los hechos puntuales que involucran a los diplomáticos y su negativa a someterse a un control de alcoholemia, lo que preocupa profundamente es la creciente escalada de tensiones y el excesivo despliegue policial en torno a la Embajada de Rusia en Buenos Aires.
En primer lugar, es imperativo aclarar que el derecho internacional ampara claramente la inmunidad diplomática. El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es explícito: los diplomáticos no pueden ser sometidos a controles ni requisas que vulneren su estatus. Sin embargo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires parece haber olvidado este principio, excediéndose en sus funciones y generando un conflicto innecesario.
Pero más allá de este episodio puntual, el verdadero problema subyace en el vallado permanente que rodea a la sede diplomática. Este cerco no solo vulnera el derecho al libre tránsito de los ciudadanos argentinos, sino que además refuerza una narrativa peligrosa: la de que las embajadas extranjeras son espacios ajenos, autónomos e inalcanzables para la ciudadanía.
Resulta irónico que, mientras el Estado argentino exige respeto para sus embajadas en el exterior, las autoridades locales parecen olvidar esta reciprocidad básica. La instalación de un vallado permanente no puede justificarse bajo el argumento de una amenaza difusa. La seguridad no puede convertirse en una excusa para militarizar espacios públicos ni para restringir derechos básicos.
Asimismo, no podemos ignorar el tono alarmista de ciertos sectores políticos y mediáticos que han aprovechado este incidente para alimentar una retórica anti-rusa. Frases como “los rusos hacen lo que quieren en este país” no solo son inexactas, sino que también contribuyen a tensar innecesariamente las relaciones bilaterales.
Es urgente que las autoridades porteñas reflexionen sobre su accionar y encuentren un equilibrio entre garantizar la seguridad diplomática y respetar los derechos ciudadanos. La diplomacia no puede ser rehén de operativos mal gestionados ni de excesos policiales. Por el bien de las relaciones internacionales y, sobre todo, del respeto al derecho internacional, es momento de desactivar esta bomba de tiempo antes de que escale a una crisis mayor.
La sensatez y el diálogo deben prevalecer sobre el espectáculo mediático y la búsqueda de culpables. Porque cuando las fuerzas de seguridad pierden de vista su verdadera función, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos.